La Fiscalía Anticorrupción de Sonora aseguró 19 lujosas propiedades al exgobernador panista Guillermo Padrés Elías y a sus dos principales operadores financieros, incluyendo el suntuoso rancho Pozo Nuevo, y varias mansiones ubicadas en las principales ciudades del Estado.
Fue el pasado jueves cuando peritos de la Fiscalía y agentes del Ministerio Público, con el apoyo de elementos de distintas corporaciones policiacas, ejecutaron la orden girada por un juez en atención a las averiguaciones previas FEIHC-I-055/2015, FAS-II-AP 0062/2015 y FAS-IIII-AP-0076/2015, en las cuales se investigan varios delitos, como enriquecimiento ilícito cometido durante el sexenio 2009-2015.
DOCUMENTOS OFICIALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CONFIRMAN QUE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EJECUTÓ EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES INMUEBLES.
Se trata de 19 propiedades ubicadas en los municipios de Arizpe, Cananea, Cajeme y Hermosillo, de las cuales tres están a nombre de Guillermo Padrés; mientras que el resto pertenece al exsecretario de Hacienda Carlos Villalobos Organista, y a David Manuel Tinajero, exdirector de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor).
A diez meses de que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano creó la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la dependencia ha iniciado más de 265 averiguaciones previas en contra del sexenio de Guillermo Padrés.
Se ha citado a comparecer a 542 exfuncionarios, han practicado tres mil 722 diligencias, hay 15 personas consignadas, 15 órdenes de aprehensión y seis pendientes de ejecutarse.
A la fecha, esta agencia investigadora ha logrado siete autos de formal prisión y tres sospechosos han sido consignados, entre los que destacan los exsecretarios de Comunicación Social, Jorge Morales, y el de Gobierno, Roberto Romero López, quien permanece prófugo de la justicia.
LOS PRINCIPALES DELITOS POR LO QUE SE INVESTIGA A LOS EXFUNCIONARIOS DE SONORA
Son peculado, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita.
Hay 74 juicios de amparo interpuestos, de los cuales 24 fueron solicitados por funcionarios de primer nivel, como exsecretarios de Estado y exdirectores de área.
