La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México capturó y consignó a Luis Alejandro Martínez Cano, por la presunta responsabilidad del secuestro de su secretaria, ocurrido el 11 de diciembre de 2014.
Este 16 de marzo, la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, Fuerza Antisecuestro (FAS), localizó al imputado, quien se hizo pasar como Fernando Martínez Cano, cuando fue remitido al Juzgado Cívico de Yecapixtla, Morelos, por una falta administrativa.
El resultado de la confronta biométrica preliminar determinó que se trataba de Luis Alejandro Martínez por lo que, mediante un oficio de colaboración, elementos de la FAS se trasladaron a Morelos, donde una vez que se determinó la situación jurídica administrativa del implicado, se dio cumplimiento a la orden de detención girada en su contra y fue trasladado a la Ciudad de México.
Los antecedentes del caso refieren que el día en que ocurrieron los hechos, familiares de la víctima reportaron su desaparición ante el Ministerio Público de la PGJ capitalina, y se activó el protocolo de atención a víctimas del delito.
Después, el inculpado se comunicó con los familiares, a quienes notificó que unos secuestradores lo contactaron y pidieron rescate por su empleada; además de asegurar que haría las funciones de negociador.
Martínez Cano informaba a los familiares de la víctima cuáles eran las pretensiones de los captores, sin proporcionar pruebas de vida. El 16 de diciembre se realizó el pago del rescate, sin embargo, ella no fue liberada.
En enero de 2015, la dependencia halló el cuerpo de la secretaria en su centro de trabajo, situado en Avenida San Lorenzo, Colonia Paraje San Juan, en la Delegación Iztapalapa.
De acuerdo con los dictámenes periciales, el deceso ocurrió entre 40 y 42 días previos al hallazgo, y se confirmó que la afectada permaneció en cautiverio por al menos seis días.
El Ministerio Público determinó el ejercicio de la acción penal contra el acusado, quien fue puesto a disposición del juez penal en turno por el delito de secuestro agravado, ilícito que podría otorgarle una pena de entre 80 a 140 años de prisión. En tanto, el inmueble donde se cometió el asesinato fue propuesto para extinción de dominio.
