Desde su publicación en 2012 vía “decreto”[i], el presidente Felipe Calderón propuso la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas[ii]que creó el “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. “Una respuesta tardía e inacabada para la situación que vive la prensa desde 2006,(cuando) se prendió la alarma ante las amenazas y agresiones”, a juzgar por Artículo 19 en su Informe 2012.
Tan solo los últimos dos sexenios los periodistas han sufrido el “desastre”, con asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado.Solo en el sexenio de Peña Nieto los asesinados suman 63 periodistas, 12 han sufrido desaparición forzada y 44 intentos de asesinato.Y son 21 los asesinados entre enero y octubre de 2018.
Por eso el Mecanismo recibe críticas de “elefante blanco” o “Frankenstein”, donde “el victimario se vuelve el protector”, pues claramente incumple la tarea de garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en defensa de los derechos humanos, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”.
Se suman instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONGs y los propios afectados, periodistas que han padecido la falta de compromiso real, igual en la Ciudad de México que en estados como Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, entre otros.
Los periodistas están siendo asesinados, como sucede en países en guerra como Siria, el primerlugar, y México segundo. ¿A cuenta de qué?, de la fatídica “guerra contra el narcotráfico”, esa sombra que ha sembrado miles de cadáveres en todo el país desde 2006 a la fecha, tras adoptar la estrategia de corte intervencionista de Washington.
Peor, cuando los crímenes de periodistas y defensores de derechos humanos quedan impunes, sean delincuentes o autoridades infiltradas.
Amén, que el sistema de justicia—jueces, fiscales, MP y policías de los tres niveles de gobierno—es indolente ante el problema, pues no se investiga, se fabrican chivos expiatorios o se incrimina a unos cuantos. Lo grave es que los asesinos materiales e intelectuales andan sueltos.
La CNDH describe la situación de la siguiente manera: “Los casos de agresiones a periodistas (cuentan) con (una) investigación deficiente y, (además) sin sanción, evidencian la falta de (cumplimiento de las) condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligados a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias”.[iii]
El compromiso del Estado de otorgar seguridad a la sociedad y garantizar los derechos humanos y la libertad de expresión está distorsionado. Y donde no hay justicia campea la impunidad[iv]; una impunidad que ronda el 99.7%[v] que atiza la violencia. La retroalimentación de un círculo perverso en el país.
Por lo anterior, valgan algunas críticas al Mecanismo, por su incapacidad de salvaguardar la integridad de los periodistas:
- Una falta el compromiso de las autoridades para evitar que las amenazas se concreten;
- Genera desconfianza, por tratarse de una instancia gubernamental sin autonomía;
- No posee los recursos suficientes para funcionar y operar, pese a sus limitaciones;
- Falta la metodología para el análisis de riesgo;
- No existe una unidad de prevención, seguimiento y análisis;
- No hay un plan anual de trabajo, a que estéobligado por ley;
- No está el plan para responder en todo momento cuando se activa la línea de emergencia, al recibir los reportes;
- No presenta el informe anual de actividades;
- Hay deserciones de autoridades, lo que inhibe las capacitaciones;
- Carencia de perfiles adecuados, sobre todo periodistas;
- No hay continuidad de los equipos de trabajo;[vi]
- Los estándares internacionales brillan por su ausencia.
A lo anterior se suman las críticas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), por carecer de incumplimiento en su responsabilidad. Además, la PGR no atrae los casos luego de conocerse una amenaza;no existe una política pública de prevención del delito por la inseguridad; no hay disuasión al agresor porque no se le castiga. Eso es por la “inacción, la omisión o falta de voluntad política, con la impunidad (como secuela en) las violaciones de derechos humanos”.[vii]
Atender y resolver la problemática de los periodistas exige políticas de Estado.Se requiere una política sustentada en el marco constitucional, a partir de por lo menos tres principios:
- Una aplicación irrestricta de los derechos humanos, conforme la última reforma de 2011 en la legislación secundaria;
- El principio pro persona, o pro homine, en favor del individuo conforme a la norma más extensiva y propicia;
- El “control de convencionalidad”, u obligación de las autoridades de sujetarse a la Convención Americana en derechos humanos, y demás leyes internacionales suscritas por México.
A lo anterior, hay que sumar otros elementos como:
- Una justicia eficaz y oportuna, para lo cual deberá, seguramente, revisarse o actualizar el sistema de justicia.Un proceso nada sencillo como ha podido verse con el nuevo sistema penal de corte acusatorio adversarial y garantista, desde el antiguo penal inquisitivo, de 2008-2016.
- Lo anterior, para atender problemas como la impunidad endémica, presente en el ejercicio del poder y en todos los casos de asesinatos de periodistas.
- Un rediseño del esquema de la seguridad pública, que le debe brindar el Estado a la sociedad, como primera responsabilidad por mandato constitucional. Las personas requieren un ambiente seguro en sus actividades cotidianas.
- Replantear el modelo de desarrollo económico para el país, de modo que se atiendan los problemas estructurales que han deteriorado la vida de la población,como revertir las llamadas “reformas estructurales” de los últimos gobiernos neoliberales generados desde las élites del poder en las últimas décadas.
- Y, por último, instrumentar un sistema de contraespionaje para atender todas las amenazas que reciben los periodistasdesde la red, y por cualquier otro medio.
Por lo anterior, lo procedente desde el Poder Legislativo es revisar la Ley que dio origen a dicho Mecanismo, salvar lo rescatable o de plano sustituirlo por otrasmedidas que brinden resultados.[viii]Algo similar con la FEADLE.
Tanto la Fraternidad comoel Club de Periodistas de México estamos abiertos a participar de la mano del legislador.De igual manera que le apostamos al cambio, con el nuevo gobierno que estáa punto de asumir el poder.
[i] “DECRETO por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 25-06-2012)”. Ver en: http://tinyurl.com/yabv5vy2.
[ii] Ley DOF 25-06-2012: http://tinyurl.com/y925gtdh.
[iii] CNDH, Recomendación General número 24, “Libertad de expresión en México”, 11 de febrero de 2016.
[iv] La impunidad alienta la violencia: ONU Resolución A/RES/68/163.
[v] “El (que haya un) 99.75% de impunidad en casos de (asesinatos contra) periodistas es un claro incentivo para que estos crímenes sigan sucediendo”, Artículo 19.
[vi] Ver algunas propuestas en: Montalvo Tania L. “Mecanismo de Protección a Periodistas: deficiencias y poca atención de autoridades”. Animal político: http://tinyurl.com/y9bxhnfg.
[vii]Artículo 19, Cit.
[viii] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Propuesta de Protocolo para la Prevención y Protección de Periodistas en México, propuesta de Colombia para México en materia de protección a periodistas.
*Lic en Periodismo con estudios de Sociología en la UNAM, ejerce el Periodismo desde hace más de 25 años. Fue Director del periódico El Día en 2009 y Asesor en la LXIII Legislatura en Seguridad Pública. Es Analista internacional con especialidad en Geopolítica, Director de la página www.mexicorusiahoy e integrante de la Fremac.
