Todavía bajo los efectos de las conmociones colaterales del plebiscito que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, popularizada como Brexit, la estructura del poder hegemónico o “gobierno mundial”, acaba de recibir otro duro golpe.
El pasado miércoles 6 de julio, en Londres, después de siete años de trabajo, se divulgó el largamente esperado informe de la comisión investigadora en torno a la decisión del entonces premier Tony Blair de unirse a la invasión militar a Irak, decidida por el gobierno estadounidense de George W. Bush, en 2003.
Junto con Blair fue a la línea de fuego su antiguo aliado en la aventura, el ex-presidente del gobierno español José María Aznar, otro entusiasta de la “Guerra al Terror” de Bush & cía.
Encabezada por Sir John Chilcot, un veterano servidor público quien ocupó importantes cargos en la estructura del gobierno británico, la comisión, establecida en 2009 por el entonces premier Gordon Brown, analizó 150 mil documentos oficiales y entrevistó a 130 personas, y pasó los últimos cinco años escribiendo el informe de 2.6 millones de palabras, que ocupan 12 volúmenes (tan sólo el resumen ejecutivo contiene 150 páginas).
LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES FUERON LAS SIGUIENTES:
“la acción militar no fue un último recurso”. Blair ordenó la invasión a Irak “antes que las opciones pacíficas se agotaran”, en un momento en que el régimen de Saddam Hussein no representaba una “amenaza inminente”.
Blair escribió a Bush, en julio de 2002, nueve meses antes de la invasión, asegurando: “Yo estaré contigo, de cualquier manera”
La decisión de ir a la guerra fue tomada con base en “informaciones con fallas”, que deberían haber sido cuestionadas, sobre las inexistentes armas de destrucción masivas de Irak.
El proceso legal que fundamentó la decisión fue “lejos de ser satisfactorio”.
La preparación militar fue deficiente, poniendo a las tropas británicas en riesgos innecesarios. Un ejemplo fue la demora en la respuesta a la amenaza representada por los Dispositivos Explosivos Improvisados (IED, en inglés), que causaron numerosas bajas.
La planeación de pos-guerra fue inadecuada, ignorando anteriores advertencias a la invasión, sobre los riesgos de una guerra civil, la influencia de Irán y el ingreso de las redes de al-Qaeda en el país (ITV, 6 de julio de 2016.
Bush, Blair y Aznar son acusados de haber simulado ofrecer públicamente “una última oportunidad para la paz”, en la cumbre de Las Azores el 16 de mayo de 2003, mientras enviaban ultimátum al líder iraquí y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se rehusaba a aprobar la acción militar. En España, Aznar usó la misma falsa retórica sobre las “armas de destrucción masivas iraquíes”, para justificar la intervención de su país en la inminente guerra.
EN SÍNTESIS
El informe concluye que no había ninguna justificación creíble para la guerra, lo cual, según la Carta de Naciones Unidas, significa que la agresión fue ilegal y, por ende, los líderes de los países agresores pueden ser llevados al Tribunal Internacional de La Haya, aunque sea poco probable que esto ocurra.
Tras la divulgación del informe, Blair convocó a una conferencia de prensa, donde, alternando ente la contrición y la arrogancia, intentó defenderse de las contundentes concusiones del documento.
Al asumir “plena responsabilidad, sin exención o disculpa”, por las consecuencias de la guerra, afirmó que la decisión fue “la más difícil, más importante y más agonizante” de su vida. Su intención, dijo, era librar al pueblo iraquí de su “maligno” líder, aunque, en lugar de esto, el país se convirtiera en víctima de la violencia sectaria.
“Por todo esto, yo manifiesto más pesar, lamentos y disculpas de lo que ustedes jamás podrán saber o creer”, afirmó, con la voz embargada. “Lo hice, porque pensé que era lo correcto” (The Guardian, 6 de julio de 2016).
