Todos los bebés recién nacidos que fueron arrebatados de los brazos de sus madres y vendidos por funcionarios del DIF en Sonora regresarán con las personas que pagaron por ellos hasta 150 mil pesos.
Ello, porque el procurador general de Justicia del estado consideró que esas familias venían haciendo un buen trabajo en la crianza con los infantes.
NO HABRÁ PROCESO PENAL CONTRA 14 PERSONAS
El fiscal Carlos Alberto Navarro Sugich anunció que renunciará al proceso penal contra las 14 personas, entre parejas y madres solteras, acusadas de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, que se castigan con una pena de entre seis meses y seis años de cárcel, al considerar el interés superior de los menores.
Precisó que el acuerdo con las familias que pagaron por un hijo fue tomar muestras de ADN a los infantes, para que en caso de que aparezcan los padres biológicos a reclamarlos se cotejen las pruebas de paternidad y se decida en cada caso el destino de los niños.
ACTO ILEGAL
Por su parte, María Concepción Parra, abuela de una bebé recién nacida que a la fuerza fue arrancada de los brazos de su madre drogadicta por un funcionario del DIF Estatal, sostuvo:
Las personas que accedieron a pagar para tener un hijo cometieron un acto ilegal “y es injusto que por nuestra condición de pobreza las autoridades del gobierno de Sonora nos arrebaten a nuestros niños”.
ALERTA MIGRATORIA
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria para que se inicie la búsqueda, en 189 países, de los principales implicados en el tráfico de menores en el estado de Sonora.
Se trata de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, quien se desempeñaba como director de la línea telefónica Protege, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Sonora, y José Manuel Hernández López, quien era asesor jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
