Mouris Salloum George*
A escasos diez días de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera presente ante el Congreso de la Unión los Criterios de política económica para el ejercicio fiscal 2020, los gobernadores de los estados andan llegan en doliente romería a la Ciudad de México, buscando intercesión para lograr que sus demandas sean tomadas en cuenta en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.
A ese propósito, el sindicato de gobernadores (Conago) hace la visita de las siete casas de los secretarios encargados de despacho ante cada cual con la canasta vacía. Recaudación insuficiente, déficit, insolvencia para pago de nóminas, etcétera.
En los pliegos petitorios de los mandatarios no se ven certificaciones de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones giradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados sobre el ejercicio del gasto federalizado, ni respuestas satisfactorias a la Secretaría de Hacienda sobre la sospecha de adulteración de los informes sobre el estado de la deuda pública de los gobiernos estatales.
No aparecen, tampoco, organigramas ni cronogramas de la agenda para aplicar las políticas de austeridad federales, ni compromiso alguno para que los altos mandos estatales acepten ganar menos que el presidente de la República. Por el contrario, buscan la forma de torpedeare una Ley General en la materia que obligue a gobernadores y presidentes municipales.
Ni por asomo, salvo en el caso de Sonora, se acompaña la intención de legislar localmente en algunos renglones susceptibles de gravamen para incrementar la captación de impuestos a fin de solventar siquiera el gasto corriente, a cuya cobertura se siguen destinando anticipos de las participaciones federales, no pocas veces hipotecadas a más de 30 años de plazo.
Anclados en la subcultura de los usos y costumbres
La más reciente escala la hicieron once gobernadores, de extracción priista, en la Secretaría de Educación Pública para pedirle a su titular, Esteban Moctezuma Barragán, que la haga de amable embajador ante la SHCP y le presente los requerimientos financieros.
Para el caso, se alegan incapacidades presupuestales para asumir los costos de la nueva Reforma Educativa, los de los regímenes de pensiones y jubilaciones del magisterio, incluyendo las de las universidades públicas de los estados, que no dejan recursos para pagar personal en activo: menos, para financiar ampliación de la matrícula y programas de mejoramiento académico.
A los del sindicato de gobernadores, pues, no les cae el 20 de la cuarta transformación. Siguen anclados en los proverbiales usos y costumbres que permitieron a los jefes de Ejecutivo estatal competir, si no con Carlos Slim, por lo menos con mandos menores de los carteles del crimen organizado. De verdad que dan pena ajena.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
