Al feminicida confeso de chica Viridiana Flores Ramírez de 21 años de edad se le concedió un amparo federal de excarcelación supuestamente por tener problemas de salud.
Omar Fernando Rosales Toledano, quien era secretario particular del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar consiguió un amparo federal del juez quinto, José del Carmen Constantino Avendaño.
En junio del 2013 Omar Fernando Rosales Toledano ultimó a la joven Viridiana y lanzó su cuerpo al puente San Cristóbal. Fingió que la chica fue secuestrada y hasta solicitó un rescate a sus padres, quienes estaban sospechando de él porque su hija había sostenido una relación sentimental y lo abandonó por sufrir violencia física. Fernando Rosales Toledano escapó, pero fue detenido días después.
ESTÁ EN EL SANATORIO ROJAS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ
El padre de Viridiana ,Juan Carlos Flores Santiago, ofreció ayer una conferencia de prensa para denunciar que el feminicida de su hija fue excarcelado y desde hace dos meses está en el Sanatorio Rojas en Tuxtla Gutiérrez.
El amparo se le brindó, supuestamente, por problemas gastrointestinales y con el nervio ciático. Los dos padecimientos podrían haber sido atendidos al interior del penal, pero la defensa del feminicida dijo que no había medicamentos en el centro penitenciario.
Los familiares de Viridiana tienen miedo de que Fernando Rosales se dé a la fuga y responsabilizaron de ello a las autoridades penitenciarias; al secretario de seguridad pública en el estado, Jorge Luis Llaven Abarca; así como al juez federal que otorgó el amparo.
PIDEN QUE LLEVE SU TRATAMIENTO EN PRISIÓN
Demandaron a las autoridades que el feminicida de su hija sea regresado a prisión y continúe en ese lugar su tratamiento.
Los progenitores de Viridiana salieron en los medios de comunicación en más de una ocasión para denunciar la forma en cómo se ha llevado el proceso del feminicida confeso.
En Septiembre del 2014 denunciaron que el juez Julio César Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía por no respetar Ley de Víctimas, que establece que estas tienen que ser tratadas, aun ya muertas, con humanidad y respeto a su dignidad.
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