Amnistía Internacional (AI) reveló que la Guardia Nacional y las demás corporaciones de seguridad creadas o modificadas durante esta administración y que se encargarán de vigilar la seguridad de la población, tienen que de regir sus actos bajo las normas de una nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Según AI, la ley actual no se apega al derecho internacional, a los derechos humanos y en particular, a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Además, la ley regula equivocada e insuficientemente el armamento permitido y no establece con claridad que cualquier uso de la fuerza debe ser la última alternativa a la que pueden recurrir los funcionarios encargados, añade.
La investigación analiza las estrategias de seguridad que ha adoptado y aplicado el actual gobierno, así como el aumento en la violencia contra mujeres y los migrantes.
Entre las recomendaciones que emite AI al gobierno mexicano, destaca que la Guardia Nacional no tenga ninguna relación administrativa, disciplinaria o que sus miembros estén adscritos al Ejército.
