Mouris Salloum George*
Es un secreto a voces el estado de insolvencia financiera por el que cruza la mayoría de las entidades federativas. Algunos estudios actuariales sitúan en casi 700 mil millones de pesos la deuda pública en su conjunto.
De las 32 entidades federativas, se cuentan con los dedos de las manos aquellas que califican por su capacidad para mantener sus líneas de crédito; casi la mitad están bajo observación contable y las hay que, de plano, están en estado terminal.
La propia Unidad de Coordinación Fiscal con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantiene en suspenso las participaciones federales a algunas tesorerías estatales que tienen prácticamente hipotecadas esas participaciones por sexenios.
Un hoyo negro la gestión del gasto federalizado
Dicha entidad de coordinación ha emplazado a los gobernadores a que limpien sus finanzas como condición para revisar esa prestación. De su lado, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados documenta cada vez con más frecuencia las irregularidades de los gobiernos de los estados en la gestión del gasto federalizado.
Uno de los estados en remojo, es el de México desde el periodo de Eruviel Ávila Villegas, colocado desde antes de terminar su mandato en la mira de la ASF por multimillonarios desvíos del Presupuesto de Egresos.
Alfredo del Mazo Maza pide y le dan fíat para $13,629 millones
Esta semana, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso local hizo la revisión de la Cuenta Pública estatal y de los municipios de 2018. Encontró 661 puntos ciegos con irregularidades por más de mil 700 millones de pesos.
Paralelamente, las comisiones unidas de Gasto Público y Finanzas Públicas y de Seguimiento de las Operaciones de Proyectos para la Prestación de Servicios, aprobó un dictamen por el que se autoriza al gobernador Alfredo del Mazo Maza a contratar deuda por 13 mil 626 millones de pesos.
El dato sobre la acumulación de deuda pública de los gobiernos de los estados -casi 700 mil millones de pesos- tiene tres vertientes: 1) Se contrata débito nuevo para abonar a servicio de deuda vieja; 2) En no pocos casos, los gobernadores actúan “por la libre”; esto es, sin pasar por la sanción de sus legislaturas, y 3) Generalmente, agotados los márgenes de disponibilidad de las participaciones federales, esos compromisos se pactan con la banca comercial a plazos perentorios.
En el estado de México incide un fenómeno no precisamente accesorio: Desde el reciente Consejo Político Nacional del PRI, de noviembre pasado, en Toluca se observan ciertos movimientos que indican que el gobernador Alfredo del Mazo Maza está siendo convencido por sus simpatizantes a que se prepare para la eventualidad de que asuma la candidatura presidencial tricolor para 2024. De lo que sigue la sospecha de que estaría engordando el cochinito para ese fin. Suele ocurrir.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
