En 2021, el G 20 será presidido por Italia. Sin embargo, la fase de preparación ya está en marcha. Entre los varios temas económico financieros, nuestro país pretende prepararse con gran afán para las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción.
No hay manera de negar que la corrupción en nuestra casa sea un problema profundo y generalizado en varios sectores de la sociedad. Muchas veces, Italia fue severa e injustamente castigada por juicios poco confiables. Como resultado, en general, se ubica al final de las clasificaciones de confiabilidad de los países europeos.
Por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción (Corruption Perception Index, CPI), el más conocido y difundido en el mundo preparado por Transparency International, abarcando cerca de 180 países, puso a Italia en el 2018 en el lugar número 53, junto a Granada y Omán.
En primer lugar, está Dinamarca, el país menos corrupto del mundo.
Semejantes índices derivan fundamentalmente de investigaciones de apreciación y se basan en entrevistas a un cierto número de individuos. Esto se justifica por el hecho de que el crimen y la corrupción, generalmente, no es obvio y es difícil de identificar. Este entendimiento, no obstante, además de muy subjetivo, puede estar determinada por situaciones institucionales y procesales diversas, muchas veces, totalmente diferentes entre un país y otro.
Italia tiene un sistema de combate a la corrupción bastante fuerte, por lo menos en teoría. Se basa en algunas peculiaridades: autonomía del Ministerio Público, Independencia de Judicial, obligatoriedad de acción penal, un buen funcionamiento de las actividades de investigación y una absoluta libertad de prensa, inclusive, para la publicación de noticias sobre los crímenes, desde el inicio de las investigaciones. Sin perjuicio de las prerrogativas del presidente de la República, todos los funcionarios públicos, hasta los de los más altos cargos de Estado, pueden someterse a una investigación anticorrupción. En otros países, el llamado “interés nacional” puede tomarse en cuenta, por ejemplo, en investigaciones involucrado empresas públicas en casos de corrupción internacional. En Italia, no.
En nuestro sistema jurídico, hasta las simples informaciones de garantía y la inscripción en el registro de sospechas, si ellos fueren objeto de una investigación legítima pueden publicarse en tiempo real en los medios periodísticos.
Todo esto confirma la existencia de una relación directamente proporcional entre reglas duras, el combate y su percepción. Aquí, es posible la manifestación de la paradoja de que cuanta más corrupción se combate, más se percibe de ella.
Todavía, es singular que Italia, aunque ocupe una baja posición en el CPI, haya sido cada vez más llamada a ayudar a otros países que pretenden copiar su sistema de combate a la corrupción. Es obvio. Por lo tanto, que los métodos usados en la evaluación de la percepción de la corrupción deben ser revisados.
En verdad, las propias definiciones de corrupción solamente causan una cierta perplejidad. Concebida inicialmente apenas como un soborno, en la elaboración del ranking del CPI, la corrupción con o sin soborno se expandió hasta los fraudes internacionales, el lavado de dinero y la mala administración. Naturalmente, cada país tiene entendimiento e interpretaciones diferentes del concepto de corrupción. De hecho, además de la corrupción clásica, existen otras formas, incluyendo fraude, peculado, extorsión, etc. Hasta las mismas preguntas hechas en las encuestas pueden ser entendidas de diferentes maneras.
A esto, debe agregarse que esos índices enfatizan algunos conceptos del liberalismo económico, relacionados al comercio, mercado y competencia, subestimando otros aspectos como igualdad y justicia social y económica.
Los efectos negativos de la corrupción en la economía y en el sistema político del país son muchos: desvío de recursos, mala interpretación de las regulaciones, reducción de los niveles de inversión, eficiencia, competitividad y productividad, los cuales tienen un impacto significativo en el crecimiento y en los ingresos tributarios.
La baja posición en el ranking tiene su precio, pues debilita la imagen y la reputación del país, inevitablemente, determina tasas de interés más altas y menos inversiones internacionales.
Igualmente, es relevante el hecho de que los órganos responsables por los índices de corrupción, en general, son privados, comenzando por Transparencia Internacional. Esto no es algo malo en sí mismo, pero tales entidades no son propiamente símbolos de independencia y objetividad.
De hecho, vale la pena recordar que, incluso operando en un área diferente, las conocidas tres grandes agencias privadas estadounidenses de calificación de riesgo han sido acusadas de haber desempeñado un papel crucial en el desencadenamiento de la Gran Crisis de 2008. Estas también divulgaron informes sobre el estado de las economías, no raro, con consecuencias devastadoras –algo de lo que Italia sabe mucho al respecto.
Por estos motivos, parece cierto y apropiado que Italia llame la atención del G-20 y de su grupo de trabajo anticorrupción sobre la necesidad de redefinir los métodos usados en la formulación de los índices mencionados, aumentando al criterio de percepción otros elementos más objetivos y mejor medibles. Sin olvidar, claro, tomar en consideración las estrategias y herramientas adoptadas para la prevención, el contraste y la represión a la corrupción.
Al bregar con el delicado problema de la corrupción, sería más que apropiada una coordinación con los países del grupo BRICS, el cual, en su última cumbre en Brasilia, incluyó el tema en su pauta, con un compromiso con la recuperación de recursos y actividades transferidos hacia el exterior.
*MSIa Informa
