En 2018 se realizaron más de cinco millones de llamadas telefónicas provenientes de siete penales del país, lo que representó una alza de 37 por ciento respecto al año previo.
Ello, pese a que existe una disposición que establece la instalación de inhibidores de señales en centros de readaptación y cárceles, reveló un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En el “Estudio estadístico del número de terminales móviles y de llamadas de móviles y de casetas telefónicas públicas que opera dentro de una muestra de penales en el país”, se encontró que en los siete centros penitenciarios analizados hay entre 806 y 829 teléfonos celulares “sospechosos”, que realizan un número atípico de llamadas, y que en 80 por ciento de ellos se utilizaron diferentes números o tarjetas SIM.
Si bien aún se mantienen operando equipos en todos los penales, lo cual implica que aún existen bloqueadores de señal que no funcionan adecuadamente, señaló el informe.
Además, indicó que “es recurrente la introducción de equipos terminales, así como la instalación de inhibidores de señal deficientes”.
DESDÉN DE LAS AUTORIDADES
El informe del IFT destaca el desdén de las autoridades para resolver el conflicto: “durante 2017 y 2018 se registró escaso interés y colaboración de las autoridades de seguridad para atender el problema”.
Expertos en seguridad sostienen que más de 90 por ciento de las llamadas provenientes de los penales es para fines delictivos o de extorsión.
