El caso de los 500 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNNMVS) que fueron utilizados como “conejillos de indias”, al recibir un implante quirúrgico intracerebral en fase experimental, sin saberlo, ha llegado hasta instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la petición de que sea catalogado como un crimen de lesa humanidad y posiblemente como una forma de tortura.
Esto bajo el argumento de que se afectó sistemáticamente a víctimas de grupos vulnerables, dañando su integridad física, moral, mental, social y económica.
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Dada la naturaleza del Instituto, al menos el 80 por ciento de las víctimas tenían un ingreso inferior a tres salarios mínimos y carecían de un régimen de seguridad social.
En 2010, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., presidida por el obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, presentó una denuncia ante la CIDH y entregó el listado de las víctimas con sus números de expedientes clínicos, siendo la primera vez que existe una denuncia ante un organismo internacional por la violación del derecho a la salud por parte de altos funcionarios de la Secretaría de Salud.
Ahora mismo, ésta sigue en proceso ante el organismo internacional.
SOLICITAN INTERVENCIÓN DE LA CIDH
Luego de prácticamente una década de denuncias por parte de médicos como Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano subespecialista en Neurocirugía Estereotáctica y Funcional sobre el caso ante las instancias nacionales y la falta de respuesta para las víctimas, se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrar una solución a la realización ilegal de la cirugía experimental en seres humanos.
Tras plantear que la experimentación violó cerca de una docena de artículos del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, así como de diversas Normas Oficiales Mexicanas e internacionales durante más de una década, se le solicitó al organismo internacional hacer una investigación in situ, es decir, investigar directamente en México el caso.
Además establecer un comité para que se localice a las víctimas de la implantación del denominado “sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo” patentado por Julio Sotelo, exdirector del INNNMVS, a fin de conocer su actual estado de salud e identificar a los pacientes que murieron por esta causa.
GARANTÍAS DE PROTECCIÓN A LA VIDA
La petición realizada por la ONG que presentó el caso ante la CIDH se enfoca en la necesidad de que se conceda el resarcimiento, indemnización y asistencia social a las víctimas.
Demanda también declarar que el Estado mexicano ha violado las garantías de protección a la vida, toda vez que el procedimiento quirúrgico experimental fue efectuado reiteradamente contra grupos vulnerables por autoridades y funcionarios del Sector Salud del Estado mexicano, en perjuicio de la integridad física, mental y moral de las víctimas, con pleno conocimiento de causa por parte de dichas autoridades.
