La romantización de la cuarentena es un privilegio de clase.
La imagen de la frase plasmada en una manta resume la crítica situación que enfrentan millones de personas que dependen del trabajo diario para poder subsistir y que son particularmente afectados por las radicales medidas dictadas para frenar al coronavirus.
Para ellos, quedarse en casa, dejar de hacer su trabajo, implica dejar de comer.
Por eso se multiplicaron los reproches a las recomendaciones de consumo cultural que se diseminaron en todo tipo de plataformas para “disfrutar” o “aprovechar” el encierro.
¿Cómo escribir o leer libros, tomar clases de yoga o gimnasia por Skype, inscribirse a cursos gratuitos online, disfrutar conciertos vía streaming, recorrer museos virtualmente o hacer maratones de películas y series si hay incertidumbre económica?
“La romantización de la cuarentena es un privilegio de clase”
Solidaridad total.
Muchos colombianos se van a quedar sin ingresos, dejen los lujos para después, no todo el mundo tiene Netflix o puede pagar internet, a muchas familias apenas les va a alcanzar para comer. pic.twitter.com/TYTuX6qtTs— Andrés Sampayo ? (@asampayo) March 16, 2020
La precarización laboral se impuso
De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en el mundo hay 2.000 millones de trabajadores informales. Representan más del 60% de la población económicamente activa. Es decir, que el trabajo asalariado y con prestaciones sociales acorde a la ley es menor. La precarización laboral se impuso.
Para muchos de ellos, el dilema es, literalmente, una cuestión de vida. Si no cumplen con la cuarentena, ponen en riesgo su salud y las de los demás. Pero quedarse en casa implica perder ingresos por completo. La capacidad de ahorro para sostener la emergencia es excepcional.
La situación es crítica en los países emergentes y en desarrollo que concentran el 93 % del empleo informal. En América Latina, por ejemplo, hay 130 millones de trabajadores informales, con México como país líder del ranking.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha revelado que 57 de cada 100 trabajadores de México no están afiliados a un empleador formal ni cotizan en los sistemas de pensiones y de seguro médico.
