En el tumultuoso mar de la política y la criminalidad, las recientes detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas, han agitado más que simples aguas. La detención de estos pesos pesados del narcotráfico ha desencadenado una serie de reacciones inesperadas, entre las cuales destaca la furiosa acusación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra la periodista Anabel Hernández.
Durante la conferencia matutina del viernes 26 de julio, AMLO no se contuvo al criticar a Hernández, acusándola de ser una “informante de la DEA”. En una declaración que resonó con la fuerza de una tormenta, el presidente tabasqueño aseguró: “No es que la señora (Anabel Hernández) invente nada más, no solo es que tenga mucha imaginación, es que yo creo que la señora es informante de la DEA”. Esta fuerte afirmación llegó en un contexto en el que la tensión por las recientes capturas estaba a flor de piel, y el mandatario mexicano parecía tener poco margen para la calma.
La acusación de AMLO no surgió en un vacío. Hernández, conocida por su exhaustiva investigación sobre el narcotráfico en México, había publicado una columna en Deutsche Welle donde recordaba un acuerdo entre el gobierno de AMLO y el Cártel de Sinaloa. Según la periodista, este acuerdo tenía como fin evitar la detención de importantes miembros del cartel, como Jesús Alfredo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Hernández citó una fuente que aseguraba que el gobierno mexicano había filtrado información crucial al cártel, lo que había impedido las detenciones.
El presidente López Obrador, con la presión de los eventos recientes y la preocupación por la percepción de su gobierno, no tardó en reaccionar ante estas afirmaciones. Su declaración no solo refleja un enojo evidente, sino que también plantea interrogantes sobre la estabilidad del gobierno frente a la criminalidad organizada. AMLO no solo desestimó las declaraciones de Hernández, sino que también insinuó que hay un plan para debilitar a las instituciones mexicanas desde el extranjero. “Lo que quieren es debilitar las instituciones para que si el gobierno está débil, puedan mandarnos desde el extranjero”, indicó el mandatario con una firmeza que parece subrayar su determinación de mantenerse en pie ante la tormenta.
¿Desesperación?
La acusación lanzada por AMLO podría ser vista como un acto desesperado, una forma de desviar la atención de la reciente debacle y de proteger su imagen y la de su administración. En un país donde las acusaciones de corrupción y complicidad con el crimen organizado son moneda corriente, la reacción de AMLO ante el cuestionamiento de Hernández muestra el grado en que la situación puede volverse personal y política.
A medida que la narrativa de la detención del Mayo Zambada y el debate sobre las posibles filtraciones de información siguen evolucionando, el foco se mantiene no solo en los protagonistas del narcotráfico, sino también en la respuesta del gobierno ante tales eventos. Las acusaciones de AMLO contra Anabel Hernández, lejos de enfriar la situación, podrían intensificar el escrutinio sobre su administración y las verdaderas razones detrás de sus acciones y declaraciones.
En resumen, mientras las piezas del rompecabezas del narcotráfico se siguen moviendo, el conflicto entre AMLO y Hernández subraya cómo la política y la justicia se entrelazan en una danza compleja y a menudo turbulenta. Lo que está claro es que el presidente, en su enojo, ha abierto un nuevo frente en esta batalla, una que podría tener repercusiones significativas para la estabilidad política y la percepción pública de su gobierno.
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