Un juez de Tarija, Bolivia, ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales tras su segunda inasistencia a la audiencia judicial donde debía resolver una solicitud de prisión preventiva relacionada con un caso de trata de menores durante su mandato. La decisión fue anunciada por Nelson Rocabado, juez encargado del caso, en una audiencia que fue transmitida por el canal estatal Bolivia TV.
La acusación formal contra Evo Morales se centra en la presunta participación en una red de trata de personas y una posible violación de una menor, con quien se le vincula además de haber tenido una hija. En este sentido, la Fiscalía ha instado a las autoridades a que Morales sea detenido, una solicitud que fue presentada oficialmente en octubre de 2024, en el contexto de la fase de investigación.
Según la Fiscalía, Morales está siendo investigado por su presunta implicación en una serie de crímenes graves, incluido el abuso y la explotación de menores, un delito que involucra a una joven con la que el expresidente habría tenido relaciones durante su mandato y con quien, según las denuncias, procreó una hija. Los detalles de la investigación apuntan a que la menor fue víctima de manipulación y abuso, lo que ha desatado un fuerte rechazo tanto en Bolivia como en la comunidad internacional.
Falta de colaboración
El juez Rocabado señaló que la orden de aprehensión se había emitido debido a la falta de colaboración de Morales con las autoridades judiciales, ya que no se presentó en las dos audiencias programadas para su declaración. De acuerdo con el Código Penal boliviano, la negativa del imputado a asistir a las audiencias puede derivar en medidas cautelares como la detención preventiva.
La orden de aprehensión contra Evo Morales ha generado un intenso debate político y social en Bolivia. Los partidarios del exmandatario aseguran que se trata de una persecución política, mientras que sus detractores consideran que es un paso necesario para garantizar la justicia, especialmente frente a las graves acusaciones que enfrenta el expresidente. La situación ha provocado una creciente presión sobre el sistema judicial del país, con llamados a que se actúe con imparcialidad y transparencia.
En la fase actual de la investigación, el exmandatario deberá rendir cuentas ante el Ministerio Público, que lo citó en octubre de 2024 para declarar sobre los hechos. Sin embargo, Evo Morales ha continuado con su postura de no presentarse ante las autoridades, lo que ha acelerado la solicitud de su aprehensión. En este contexto, la justicia boliviana se encuentra en una encrucijada, ya que debe equilibrar la aplicación de la ley con las implicaciones políticas de un caso que involucra a una figura tan relevante en la historia reciente del país.
Este caso ha puesto en el centro de la atención pública la lucha contra la trata de personas y el abuso sexual infantil en Bolivia, generando llamados a una mayor protección de los derechos de los menores y a un sistema judicial más eficiente y libre de influencias políticas.
