El conflicto laboral en el Poder Judicial de la Federación (PJF) sigue intensificándose, y los trabajadores de esta institución han emitido una advertencia al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En caso de que no se cumpla con el pago completo de sus prestaciones laborales, se convocará a un segundo paro nacional, sumándose así a las protestas ya en marcha en varios estados como Tabasco, Chiapas y Zacatecas.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y vocera del movimiento, ofreció una conferencia en la que denunció que el recorte presupuestal al PJF ha puesto en serio riesgo el cumplimiento de las prestaciones laborales previamente garantizadas por la ley. “No vamos a negociar nuestras prestaciones. Son derechos laborales reconocidos que hemos conquistado a lo largo de los años”, afirmó Aguayo, subrayando que los trabajadores no están dispuestos a ceder ante lo que consideran una vulneración a sus derechos.
El presupuesto aprobado para el PJF en 2025 asciende a 62 mil millones de pesos, una cifra que, según los trabajadores, es insuficiente para cubrir tanto las necesidades operativas de la institución como los beneficios laborales de los empleados. Entre las prestaciones afectadas se encuentran el Seguro de Separación Individualizado (Segsei), el Fondo de Reserva Individualizada (Fori) y otros beneficios esenciales que garantizan la seguridad social y económica de los trabajadores del Poder Judicial.
A pesar de los esfuerzos para mediar con las autoridades, los trabajadores del PJF han expresado su frustración ante lo que consideran una falta de compromiso por parte del CJF para resolver la situación. De no obtener una respuesta favorable, no se descarta que el paro se extienda a nivel nacional, lo que podría afectar el funcionamiento de los tribunales en varias regiones del país.
El conflicto pone en evidencia las dificultades económicas del PJF, que enfrenta un entorno presupuestario limitado, lo cual está generando un malestar creciente entre los trabajadores. En medio de esta crisis, el futuro de las prestaciones laborales sigue siendo una de las principales preocupaciones, mientras los empleados exigen que se respeten sus derechos.
Además de los beneficios mencionados, los trabajadores del PJF temen que el recorte presupuestal afecte otras áreas clave del sistema judicial, lo que podría repercutir en la administración de justicia en el país. Con la amenaza de un paro nacional, el conflicto podría extenderse y generar una crisis aún mayor dentro del Poder Judicial.
