La CNDH pidió a los secretarios de Gobierno de la Ciudad de México y de los estados de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos llevar a cabo medidas cautelares en favor de las personas damnificadas por los terremotos de septiembre pasado, al tiempo que hizo consideraciones sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos fundamentales.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez dijo en un comunicado que, como resultado de sus investigaciones sobre sucesos presuntamente violatorios de derechos humanos como consecuencia de los sismos de septiembre, que podrían implicar acciones u omisiones de autoridades, así como actos de empresas, pidió establecer un mecanismo de análisis y evaluación de las empresas que participarán en la etapa de reconstrucción.
En este análisis, prosiguió, se tiene que valorar el historial en el cumplimiento de las normas de construcción y de sanciones de la compañía, así como los procedimientos y procesos o investigaciones que las empresas tengan abiertos, considerando también a sus titulares y representantes.
Asimismo, realizar un mecanismo de difusión pública sobre el proceso de reconstrucción que sea accesible a la población; revelar el grado de avance de la misma, por delegación política o municipio, y transparentar el empleo de los recursos públicos y de los agentes e instituciones involucrados en la etapa de reconstrucción.
Igual solicitó efectuar las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y transparencia en el otorgamiento de los recursos públicos, con el fin de que se destinen únicamente a la reconstrucción y reparación de los inmuebles afectados.
También hacer un registro de los inmuebles en reparación y reconstrucción, por delegación política o municipio, en que se relacione la razón o denominación social de las empresas o el nombre de los empresarios que participan y participarán de manera parcial o total en esos trabajos. Fuente:
Proceso