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La controvertida intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, convocando a las Fuerzas Armadas, independientemente de sus motivaciones y a pesar de la limitación temporal, es una oportunidad para echar a andar un plan que haga frente al agravamiento de la criminalidad y de la violencia que azota al país, cuya punta de lanza es el narcotráfico. Para ello, sin embargo, es imprescindible no limitarse a los síntomas del problema, sino tocar las causas más profundas.
La cuestión central es la estrecha simbiosis de la delincuencia organizada con la corrupción del aparato político-institucional, es decir la captura del Estado por grupos ya definidos jurídicamente como organizaciones criminales. Lo mismo se observa en otros países iberoamericanos, el mejor ejemplo es México, donde, a pesar del compromiso de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, la violencia sigue aumentando.
Esto fue resaltado de forma contundente por el general retirado Augusto Heleno Ribeiro Pereira en el programa Painel de Globonews el 17 de febrero, al afirmar que la clase política “derrite al país con su corrupción, empezando con la cúpula del país, comenzando por el presidente de la República.”
BRASIL, ¿NARCOPAÍS?
Según el oficial, ex comandante de la fuerza brasileña en Haití, Brasil está en camino de convertirse en un “narcopaís”: “Somos hoy el mayor consumidor de crack del mundo, el segundo de cocaína y el mayor lugar de paso de drogas del mundo.”
Además de acelerar una pérdida de valores de referencia de la sociedad, la corrupción también agrava los efectos devastadores de la crisis económica, la peor de la historia de Brasil, constatada en los altos índices de desempleo, en especial entre los jóvenes, muchos de los cuales ven en la delincuencia una opción por la falta de ocupación productiva.
Río de Janeiro es el estado más golpeado por el deterioro de la economía, lo cual no se podrá corregir con la política neoliberal bien ejecutada por los últimos gobiernos. Aún con sus limitaciones, la intervención podrá ser positiva, pues se propone abordar factores cruciales para el combate eficiente del narcotráfico:
La centralización del comando de las operaciones (a cargo del general Walter Braga Netto, jefe del Comando Militar del Este), imprescindible para hacer frente a las organizaciones de alcance interestatal e internacional, la represión de las redes de abastecimiento de armas, municiones, drogas y por último el anuncio del gobierno de perseguir el lavado de dinero, mediante la participación del órgano federal competente, el Consejo de Control de Actividades Financiera (COAF). Sobre esto será crucial tomar medidas radicales, y no cosméticas, tendientes a disciplinar el sistema bancario nacional, hasta hoy incólume.
SE REQUIERE ESQUEMA JURÍDICO
Las Fuerzas Armadas necesitan, además, un esquema jurídico para operar como fuerzas policiacas, tal cual lo manifestó el comandante del Ejército, general Eduardo Villas-Bôas, para evitar la posibilidad de una “futura Comisión de la Verdad”, una necesaria alusión a los castigos revanchistas exigidos por el cabildo internacional auto nombrado supuesto defensor de los derechos humanos.
Corregir los calamitosos índices actuales de delincuencia y de violencia, en último análisis, sólo será posible en el marco del reinició del desarrollo socioeconómico, y un renovado impulso al contenido de la educación.
