Brasil está viviendo una jornada judicial de “alto voltaje” en la Corte Suprema, a causa del fallo que se dará a conocer este miércoles sobre el recurso presentado por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para evitar la cárcel, a pesar de haber sido condenado en segunda instancia.
Lula arribó al Sindicato de los Metalúrgicos de la región metropolitana de Sao Paulo la mañana del miércoles y se reunió a puerta cerrada con la expresidenta Dilma Rousseff, sindicalistas y aliados políticos, entre ellos los gobernadores de los estados de Acre y Piauí, según corroboraron fuentes del instituto dirigido por el exmandatario.
El expresidente, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, tiene planeado seguir la decisiva sesión del Supremo desde la sede del sindicato, del que fue presidente antes de iniciar su carrera.
El martes, miles de personas se dieron a la tarea de salir a las calles de ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia a favor y en contra de que el Supremo Tribunal Federal (STF) conceda un ‘habeas corpus’ al exmandatario para evitar que ingrese en prisión, a pesar de haber sido condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.
El STF, integrado por 11 jueces elegidos por el jefe del Estado, algunos de ellos por el propio Lula cuando fue presidente (2003-2010), se pronunciará este miércoles sobre el recurso, que podría crear jurisprudencia y beneficiar en bloque a condenados en la operación “Lava Jato”, una investigación judicial por corrupción.
Parte de la sociedad civil, asociaciones de magistrados y de fiscales se dieron a la tarea de movilizarse para demandar que la suprema corte no tome una decisión que podría derivar en impunidad, e incluso el jefe del ejército brasileño, el general Villas Boas se pronunció la noche del martes en un polémico mensaje por una red social.
“En esta situación que vive Brasil cabe preguntar a las instituciones y al pueblo quién está pensando en el bien del país y de las generaciones futuras y quién está preocupado apenas con intereses personales, dijo el comandante, en un inesperado mensaje que generó sorpresa en el Ejecutivo.
Están previstas manifestaciones en la explanada de los Ministerios a favor y contra Lula; mientras las autoridades piden calma y se creó un perímetro de seguridad para proteger la sede del STF en Brasilia.
La jurisprudencia del propio STF en 2016 ya decidió que los condenados sean encarcelados y comiencen a cumplir su pena tras agotar los recursos en segunda instancia, y no en cortes superiores, pero el juicio del exmandatario podría cambiar – no sin polémica – esta visión.
Varios de los 11 magistrados del STF han señalado que cambiarían su voto respecto a 2016, abriendo de facto la puerta a un cambio de jurisprudencia que podría no sólo evitar la cárcel al expresidente –pues los recursos demoran años o incluso lustros en ser resueltos en Brasil-, sino también suponer un vuelco en la lucha contra la impunidad de políticos condenados.
La decisión, retransmitida por televisión y de un peso político comparable a las jornadas clave del juicio político contra Dilma Rousseff de 2016, será clave también para vislumbrar el futuro político de Luiz Inacio Lula da Silva, que pretende ser candidato en octubre próximo para un tercer mandato presidencial.
El presidente de Brasil entre 2003 y 2010 fue sentenciado por beneficiarse de la remodelación millonaria de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Tiene más de media docena de causas aún abiertas sin juzgar.
El expresidente niega la propiedad del departamento, y de hecho la Fiscalía no logró documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la reforma del departamento aprobados por la esposa fallecida de Lula indican que la familia del exmandatario era la real beneficiaria del inmueble.
Las encuestas de opinión se dan a la tarea de reflejar una polarización en Brasil del electorado y de las posturas respecto a su figura: Lula da Silva lidera con el 37 por ciento de los sondeos, aunque la mitad de los encuestados brasileños cree que, como dictó la justicia, cometió actos de corrupción.
La semana pasada, durante una gira política en el sur del país, su caravana de tres autobuses fue atacada por al menos cuatro disparos, en un recrudecimiento de la tensión política en un país que enfrenta su período electoral más controvertido desde la redemocratización.
