Nicaragua comenzó hoy su tercer día consecutivo de manifestaciones cívicas por las reformas al Seguro Social con todas las escuelas cerradas, luego de una larga noche de movilizaciones y enfrentamientos que dejaron, al menos, tres muertos.
Las diferentes manifestaciones de Managua y León, cada vez más numerosas y multitudinarias, causaron un efecto contagio en diversas ciudades del país centroamericano como Masaya, Granada o Estelí y se saldaron con la muerte de tres personas y con al menos 33 heridos contados por la Cruz Roja, mientras el gobierno calla.
Nicaragua se dio a la tarea de amanecer en tensa calma, con las clases suspendidas en todos los colegios públicos del país, restos de neumáticos quemados, piedras y escombros en las calles, y con policías antidisturbios en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), lugar en el que se produjeron dos de las tres muertes.
Al filo de la medianoche, Rosario Murillo, vicepresidenta del país, exigió una investigación y el castigo para los culpables de las muertes, en contraste con los miles de mensajes, sobretodo de jóvenes nicaragüenses en las redes sociales, que entremezclan alegatos contra la violencia, proclamas pro y anti Gobierno, y mensajes llamando a una nueva jornada de lucha.
En la noche de ayer el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Baez, uno de los personajes más respetados en Nicaragua, reclamó al gobierno por la violencia.
“A ver si lo entiende el gobierno orteguista: ¡No más represión criminal! ¡No mas heridos ni golpeados! ¡No queremos que muera ningún nicaragüense! ¡No ultrajen más el santo nombre de Dios!”, exclamó en su cuenta de Twitter.
Esta declaración se sumó a otras como la del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en contra de la violencia desatada y a favor del diálogo y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) reclamando el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.
Además de la asociación mundial de escritores PEN, quien demandó “libertad de expresión y prensa” al Gobierno, o el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) instando “al diálogo nacional”.
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) fue más allá y ya pidió directamente al Gobierno la suspensión de la reforma de la seguridad social por considerarla lesiva contra la economía y un detonante en la escalada de violencia.
Las nuevas medidas de seguridad social establecen que el pago que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sube de 6,25 a 7 % a partir del 1 de julio próximo.
Desde esa misma fecha la cuota de la patronal escalará del 19 al 21 %, y subirá 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5 %.
Adicionalmente se estableció la cotización perpetua, ya que los jubilados aportarán un 5 % de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades, pero además se le recortara en la cuantía de su pensión, las asignaciones familiares por esposa o esposo inválido, del 15 al 13,5 por ciento y se reducirá de 10 a 9 % por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo mayores de 60 años.
Las reformas también están alimentando el salario máximo para cotizar, que hasta ahora es de 88.005,78 córdobas (unos 2.818 dólares), pero a partir del 1 de julio si un trabajador devenga más que ese sueldo, su cotización será de 7 % en base a su salario bruto.
Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes aseguran que las mismas, lejos de evitar la quiebra del seguro social, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.
