El 28 de abril, el presidente Nicolás Maduro señaló que se encontraba pensando darles un “premio” a quienes voten con su “Carnet de la Patria” en las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Este mensaje fue una elocuente confesión de cómo el gobierno venezolano usa el acceso a alimentos y otros bienes y servicios para comprar votos.
En las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, muchos acudirán a las urnas hambrientos y enfermos, en un país devastado por escasez de comida y medicamentos. Más de 1,5 millones de venezolanos han huido del país recientemente y, para muchos que siguen allí, obtener alimentos y medicinas es la principal preocupación diaria.
En enero de 2017, el régimen comenzó una campaña para que los venezolanos se inscribieran para obtener el Carnet de la Patria, un documento que tiene un código que se escanea y les permite recibir servicios sociales. Al año, más de 16 millones de venezolanos —cerca de la mitad de la población— tenían ese carnet. En la práctica, este instrumento clientelar es la única forma que tienen millones de venezolanos para mitigar el impacto de la gravísima crisis humanitaria y económica que asola al país. Los venezolanos con carnet pueden obtener cajas de alimentos con precios controlados y acceder a algunos procedimientos médicos, viviendas, útiles escolares, pensiones y bonos especiales, además del “premio” que Maduro ofreció a quienes voten con el carnet.
La hiperinflación se encontraba erosionando la capacidad de compra y cada día más gente se ve obligada a depender de comida con precios fijados por el gobierno para alimentar a sus familias, lo cual genera una enorme y perversa dependencia del régimen. Es previsible que muchos voten por el gobierno por temor a perder beneficios, incluyendo el acceso a comida.
Maduro ha creado un mecanismo muy efectivo para conseguir votos e intentar salvar su impopularidad. Mientras este tipo de extorsión siga en pie, el pueblo venezolano no podrá votar libremente —u optar por quedarse en sus casas— sin temor a represalias.
No hay estadísticas oficiales sobre los niveles de escasez de alimentos. Pero la encuesta Encovi 2017, realizada por destacadas universidades venezolanas en todo el país, indica que un 78,6 por ciento de los encuestados ha comido menos debido a la escasez, un 61,2 por ciento se acuesta con hambre y un 64,3 por ciento perdió un promedio de 11 kilos en el año. Según un estudio realizado en Caracas y en tres estados por la organización católica Cáritas Venezuela, la desnutrición moderada y severa de menores de 5 años aumentó del 10,2 por ciento al 14,5 por ciento entre febrero y agosto de 2017.
El año pasado, la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale, divulgó datos oficiales que indicaban que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 por ciento; la mortalidad infantil, un 30 por ciento, y los casos de malaria, un 76 por ciento. A los pocos días, fue despedida.
En semanas recientes han habido protestas y saqueos en respuesta a la debacle económica, al hambre, la crisis de salud y la represión política. El gobierno ha respondido por lo general con brutalidad, como ocurrió el 31 de diciembre cuando una mujer embarazada murió por un disparo de la Guardia Nacional Bolivariana mientras esperaba en la cola para comprar comida.
Quienes escucharon la descarada advertencia de Maduro sobre el Carnet de la Patria tienen motivos para preocuparse. El gobierno venezolano niega la crisis humanitaria, pero usa el hambre y la salud como mecanismos de control social.
El abuso de poder y la discriminación por motivos políticos no son nuevos en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez alentó y participó en numerosos actos discriminatorios contra disidentes. Por ejemplo, opositores políticos fueron incluidos en listas negras en entidades gubernamentales y en la compañía estatal petrolera PDVSA, y despedidos tras apoyar un referendo contra el gobierno.
Pero con Maduro, esta discriminación contra quienes no apoyan al gobierno no es solo más burda, sino que su efecto sobre la población es más directo y pernicioso para los derechos fundamentales.
En Venezuela no existe la obligación legal de votar. Pero en julio pasado, antes de la elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el organismo parlamentario oficialista, Maduro indicó que los votantes debían escanear sus Carnets de la Patria después de votar. “Con el código [del carnet], sabremos quiénes cumplieron con la patria”, manifestó. En una grabación de video, se puede ver a un directivo de PDVSA advirtiendo que despediría a quienes no voten.
Cientos de trabajadores estatales han sido despedidos en los últimos dos años por apoyar el intento de referéndum revocatorio contra Maduro o el plebiscito organizado por la oposición contra la Asamblea Nacional Constituyente. Durante las elecciones de gobernadores y alcaldes en 2017, altos funcionarios llamaron a los venezolanos a presentarse con su carnet en puestos instalados cerca de los centros de votación para dejar constancia de que habían votado, generando temor entre los que participaron de que la autoridad también haya podido registrar por quién votaron y tomar represalias contra los opositores.
La utilización del Carnet de la Patria para presionar a los venezolanos más necesitados a votar por Maduro hace impensable que haya elecciones genuinas en Venezuela.
Más de una docena de naciones de la región y la Unión Europea ya han rechazado categóricamente las elecciones del 20 de mayo al considerar que carecen de condiciones de verificación mínima que garanticen su legitimidad.
Para que hayan elecciones presidenciales libres y confiables, se debe exigir expresamente al gobierno de Maduro que desvincule en la práctica el voto del Carnet de la Patria.
Empero, este denigrante sistema de extorsión también debería tomarse como fundamento para que gobiernos democráticos incluyan a los altos mandos responsables en las listas de personas sancionadas, lo cual permite, por ejemplo, cancelar sus visas y congelar sus bienes en el exterior.
A su vez, los gobiernos que han expresado preocupación por solucionar la crisis humanitaria venezolana deberían convocar con urgencia a una cumbre con los más altos representantes de gobiernos de las Américas, europeos y de organismos de cooperación internacional con el único propósito de acordar estrategias que permitan, en la práctica, la apertura de canales humanitarios para que dejen de existir rehenes del hambre en Venezuela.
