Mouris Salloum George*
¿Tenemos orden constitucional? Nos planteamos esa cuestión desde el punto vista teórico; es decir, formal. A final de cuentas, tenemos en funciones a los tres Poderes de la Unión y, sobre todo, al Tribunal Constitucional por excelencia: La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pleno de ministros opera normalmente y se reúne en tiempo y forma conforme a su agenda ordinaria.
A esa fuente, la más autorizada, apelamos para mantener viva la pregunta arriba trascrita.
Morelos lo planteó: Defender al quejoso contra el arbitrario
Recientemente, se celebró el Décimo Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. En ese evento intervino el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales.
Nadie mejor acreditado para llamar a cumplir, con las leyes que emanan de la Constitución, a fin de combatir la corrupción y la pobreza, y consolidar la democracia.
El principal enemigo de la Constitución, dijo el ministro, es su incumplimiento. Cumplir la ley es imperativo para que en el país impere la confianza y, como lo dijo Morelos, todo aquél que se queje de la justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario.
Expuso Aguilar Morales que una de las misiones fundamentales del Estado, es garantizar la seguridad jurídica, por eso, empecemos exigiéndola a la autoridad, a todos los funcionarios públicos, pero también a nosotros, como ciudadanos que debemos poner el ejemplo.
En la lógica de ese tipo de planteamientos de orden jurídico y político, está que se denuncia el vacío de poder y se exige todo aquello de lo que se carece o la reparación de lo que se violenta.
La pregunta que recuperamos para esta entrega se asocia a una serie de inquietantes fenómenos en torno a las elecciones generales de 2018.
Imperativo, extirpar el tumor social de la corrupción
Pues bien, en los mismos días y en el mismo tenor de lo planteado por el ministro Aguilar Morales, se inauguró un Curso de Control Interno en el Tribunal Electoral, órgano inscrito en la estructura del Poder Judicial de la Federación.
La magistrada presidenta de la instancia jurisdiccional, Janine Otálora sostuvo de entrada que combatir la corrupción es uno de los desafíos para el país, pues se ha convertido en un cáncer social que agravia a la sociedad, frena el desarrollo nacional y genera desconfianza hacia las instituciones y la democracia como sistema de gobierno.
En diversos foros nacionales e internacionales, el Ejecutivo blasona de la creación de mecanismos para el combate de la corrupción que, como una peste, devora el organismo nacional.
Bien dicho: Pero desde las mismas trincheras del Estado se niega al Sistema Nacional Anticorrupción los instrumentos indispensables para la operación punitiva: El Fiscal autónomo anticorrupción y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, figuras ya existentes en el texto constitucional.
Sigue en pie la pregunta: ¿Tenemos o no tenemos orden constitucional? No en el texto, sino en los hechos. No confundir la magnesia con la gimnasia.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
