La justicia ecuatoriana ha ordenado este martes prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que reside en Bélgica, por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia hace seis años.
La jueza Daniela Camacho “niega pedido de revisión de medidas cautelares a defensa de expresidente Rafael Correa, resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol”, ha señalado la Corte Nacional de Justicia a través de un mensaje en Twitter.
A mediados de junio, el exmandatario ecuatoriano quedó oficialmente imputado en un asunto que ha sido calificado por el fiscal general, Paúl Pérez, como un “crimen de Estado” ya que fue ejecutado por funcionarios y con dinero públicos.
SECUESTRO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA
La magistrada de la Corte Nacional de Justicia había aceptado la petición fiscal de procesar a Correa por secuestro y asociación ilícita y había ordenado a Correa comparecer ante las dependencias judiciales de Quito cada 15 días a partir del 2 de julio, pese a que el exgobernante vive fuera del país desde hace un año.
La tesis de la Fiscalía, sostenida con testimonios y documentos, es que Correa estuvo en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar en Bogotá al exasambleísta Fernando Balda, quien había sido condenado en Ecuador por calumnias contra el expresidente Correa y que estaba prófugo en Colombia.
Dos de los tres policías detenidos por su implicación en el rapto han cooperado con las autoridades y entregado audios y papeles que conducen hacia la Presidencia de Ecuador que, en 2012, estaba ocupada por Correa. Además, hay dos cheques, por 10.000 y 11.280 dólares, a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, que se emitieron para pagar a uno de los agentes que debía encargarse de buscar a quienes ejecutaron el secuestro en Colombia.
