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La denuncia del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe de la participación del servicio británico de inteligencia, MI-5, en las grabaciones de sus conversaciones y ahora utilizadas en un proceso promovido contra él por la Suprema Corte de Justicia, pone al descubierto la enorme influencia de las redes del “gobierno mundial” en el país.
El pasado martes 31 de julio, Uribe provocó un terremoto político en Colombia, al poner en la mesa de discusión su renuncia al asiento en el Senado por el partido Centro Democrático, por el cual había sido el senador con más votación en las elecciones celebradas en marzo pasado. La decisión fue tomada cuando la Corte Suprema abrió una sigilosa investigación por supuestos sobornos y fraude procesal, la cual involucro la intercepción de celulares de él y personas allegadas.
El caso se remonta a 2014, cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo (reelecto este año), pidió una investigación en el Congreso sobre el origen de los grupos paramilitares en el país y presentó los testimonios de dos ex-jefes paramilitares, apuntando hacia Uribe como uno de los creadores de los grupos.
En Twitter, Uribe afirmó, por no haber sido escuchado previamente se sentía “moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado” (RT, 25 de julio de 2018). A día siguiente, volvió a la carga. Esta vez apuntando el dedo hacia la agencia británica y el presidente Juan Manuel Santos, su antiguo aliado y hoy enemigo jurado:
“Existen reiteradas denuncias de que las grabaciones fueron hechas por la agencia británica MI-5, amigos de Juan Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta contra mí”. Casi con certeza, la agencia responsable por las escuchas telefónicas debe haber sido el MI-6 (inteligencia exterior) o incluso la GCHQ (inteligencia electrónica), en lugar del MI-5, responsable por el contraespionaje en territorio británico.
SANTOS Y EL PODER ANGLOAMERICANO
Santos tiene notorios nexos familiares y políticos con el poder angloamericano, del cual recibió apoyo decisivo para:
1) el controvertido acuerdo de paz con la narco-guerrilla de las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual tuvo varios aspectos importantes rechazados por el grupo de Uribe y por gran parte de la población; 2) su candidatura al Premio Nobel de la Paz; 3) el polémico proyecto ambiental Corredor Triple A, una vasta zona de protección ambiental conectando La Amazonia brasileña con Los Andes, que impone la soberanía limitada en la región para beneficio de potencias extranjeras; 4) las candidaturas de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La embestida contra Uribe no es casual. El ex-presidente acaba de colocar en la presidencia de la República a su aliado y protegido Iván Duque, quien relevará a Santos el 7 de agosto y su liderato en el Senado daría a su grupo político un peso determinante, principalmente, en el crucial asunto de la anunciada revisión del acuerdo con las FARC, en temas controvertidas como las armas y el dinero no liberado por la guerrilla y el castigo de los ex-líderes involucrados directamente con el narcotráfico y también en el tema de las jurisdicciones especiales.
Durante la campaña, Duque anunció la intención de promover semejante revisión, sin desfigurar el acuerdo como un todo. Desde el inicio de las negociaciones de su sucesor y ex-ministro Santos con la narco-guerrilla, Uribe se opuso a lo que la mayoría de la población consideraba un exceso de concesiones a las FARC, posición preponderante en el rotundo rechazo al acuerdo en el referendo realizado en octubre de 2016.
A pesar de Colombia haber recibido un fuerte apoyo financiero y militar de los EUA en su larga campaña contra la narco-guerrilla y los carteles de las drogas, ciertos círculos y financieros del Establishment no se asustan en mantener vínculos directos con los actores. Por lo menos en dos ocasiones estos nexos salieron a la superficie.
Una fue el célebre encuentro entre el entonces número tres de las FARC, Raúl Reyes, y el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Richard Grasso en junio de 1999, en plena selva colombiana, una evidencia del “vicio” por los narco-dólares del sistema financiero internacional. La otra, fue la revelación del hijo del mega-traficante Pablo Escobar Gaviria, Juan Pablo Escobar, en torno a la vinculación de su padre a la CIA (Agencia Central de Inteligencia), aparecida en el libro Pablo Escobar in fraganti: lo que mi padre nunca me contó, publicado a principios de 2007.
Además, Colombia ocupa actualmente una alta prioridad en la agenda anglo-americana para el Hemisferio Occidental, tanto por su vinculación como socio global de la OTAN, como por su promoción del Corredor Triple A, proyecto clave para consolidar gran parte de la Cuenca del Amazonas como una zona de grandes restricciones de cuño ambiental a proyectos y políticas de desarrollo. Elementos que encajan en la “geopolítica del Gran Caribe”, directriz propuesta por ciertos sectores del “establishment” para reorientar las iniciativas anglo-americanas en el Hemisferio Occidental.
El proceso judicial contra Uribe, armado por los servicios de inteligencia británicos, significa una espada de Damocles contra su grupo político y podría crear serios problemas para el gobierno de Duque, debilitando su posición en temas importantes de su agenda política.
