Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas presentaron hoy una denuncia contra el presidente Rodrigo Duterte por “crímenes de lesa humanidad” ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a la “inmunidad” de la que goza el mandatario filipino en los tribunales nacionales.
En paralelo, la Corte Suprema festejó hoy la primera vista oral sobre la apelación de varios senadores de la oposición a la decisión unilateral de Duterte de retirar a Filipinas de la CPI, una sesión que duró cuatro horas y que se reanudará el 4 de septiembre.
El mandatario anunció esa decisión el pasado 14 de marzo, un mes después de que el tribunal de La Haya abriera un examen preliminar sobre los abusos cometidos en la guerra antidrogas a raíz de otra demanda contra Duterte interpuesta por un abogado filipino en abril de 2017.
La nueva denuncia, interpuesta ante la oficina de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, está firmada por seis familiares de víctimas de las “ejecuciones extrajudiciales” en la guerra antinarcóticos y por la organización religiosa Rise Up, que presta asistencia legal a los afectados por la campaña, que se ha cebado con los más pobres.
La denuncia señala que esas muertes y los pronunciamientos de Duterte que “incitan los asesinatos” son pruebas suficientes de “ataques generalizados y sistemáticos contra civiles”, por lo que procede la acusación de crímenes de lesa humanidad.
Las familias están perdiendo confianza en el sistema de justicia nacional debido a la ausencia de investigaciones genuinas, demoras y negativas en el enjuiciamiento de agentes de policía directamente involucrados en casos”, señaló hoy en Manila la coordinadora de Rise Up, Rubylin Litao.
