Las organizaciones de la sociedad civil que se dieron a la tarea de impulsar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), propusieron que éste estuviera formado por cuatro integrantes: la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, la Ley que creó al SNA incluyó a otras dos instituciones: al Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( el INAI ) y crea una nueva figura, el Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá al SNA.
Así quedaron integrados en la Comisión Coordinadora del SNA siete actores muy importantes en el combate a la corrupción a nivel federal, aunque se pudo haber incluido al INEGI, el cual genera estadísticas en materia de corrupción y podría ser la institución que en el futuro realice las mediciones de corrupción en el país para el SNA. Dada la complejidad de la coordinación de las 7 instancias, se contará con una Secretaría Ejecutiva que ayudará en la tarea de coordinar a todo el SNA.
Desde la promulgación de la primera Ley de Transparencia, se prodiujo la confusión de que la transparencia y el acceso a la información pública equivalían a combatir la corrupción; que bastaban por sí mismas para que la corrupción disminuyera. Los indicadores de medición de la corrupción han demostrado que no fue así. Esta confusión prevaleció a lo largo de 14 años, posponiéndose reformas que eran muy necesarias y atribuyéndole equivocadamente a la transparencia, capacidades de combatir la corrupción sólo por el hecho de existir.
La incorporación del INAI al SNA es de particular importancia porque se podrá hacer del acceso a los datos públicos una herramienta más vinculada al combate a la corrupción y el INAI tendrá oportunidad de ser más proactivo en esta materia. Para ello tendrá que enfrentar algunas dificultades que existen para ligar el derecho al acceso a la información pública con el combate a la corrupción, como, por ejemplo:
- Se ha hecho un gran esfuerzo para poner a disposición de la sociedad la información gubernamental, pero esto no ha sido acompañado del interés de la sociedad por consultarla con el objetivo de combatir la corrupción.
- No existen mecanismos para verificar que la información pública sea verídica. Recientemente el IMCO ha tenido problemas con la publicación de las 3de3, declaraciones de políticos destacados de quienes se duda que la información que proporcionaron sea cierta. Las declaraciones patrimoniales a las que están obligados a presentar los servidores públicos desde hace más de 20 años, rara vez se verifica su veracidad.
- La información gubernamental es compleja. Aún para los que tienen años en el Gobierno les resulta difícil interpretar los documentos gubernamentales.
- Como los fiscalizadores saben, los funcionarios corruptos se cuidan mucho de cumplir con la normatividad y aparentar que todo está apegado a la Ley. La simple revisión de los documentos que se generan al interior del Gobierno no basta para descubrir actos de corrupción.
Artículo completo en : http://ciudadanosenred.com.mx/el-inai-en-sistema-anticorrupcion/?utm_campaign=envios&utm_medium=email&utm_source=2017_InfoPractica_583
