Un tribunal peruano ha anulado la orden de detención contra Keiko Fujimori. La líder de la oposición ha quedado en libertad tras haber pasado siete días en prisión acusada de lavado de activos por las donaciones de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña en 2011.
La decisión, tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional por unanimidad, le ha permitido a Keiko Fujimori abandonar la prisión tres días antes de lo que dictaba la anterior orden de captura, emitida por un juez el pasado miércoles.
La sala también ha dejado en libertad a otros 19 detenidos por este mismo caso, a pesar de que solo cinco de ellos habían presentado una apelación. Entre ellos hay dos exministros de Alberto Fujimori: Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Aunque Yoshiyama no ha estado recluido porque argumentó que estaba recuperándose en Estados Unidos de una cirugía ocular.
UNO DE LOS ARGUMENTOS OFRECIDOS
Por el presidente de la sala para invalidar la detención preliminar ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho es que sólo se recabaron los planteamientos de la fiscalía y no los de la parte afectada.
También ha señalado que en el documento de Concepción Carhuancho “no hay argumento” y ha criticado que se hiciera un “copiar y pegar” de algunos párrafos de la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, encargado de las investigaciones. También ha criticado que el juez dictase la orden de restricción de la libertad pocas horas después de haber sido hecha la petición.
De acuerdo con las investigaciones, la dos veces candidata presidencial lideró una organización criminal que se infiltró en Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular- y recibió fondos provenientes de actos de corrupción del grupo Odebrecht en Perú y en el mundo para que, cuando llegara al poder, correspondiera mediante “el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos, y/o favorecimiento judicial”.
LA SALA DE APELACIONES
También ha resuelto que el juez Concepción Carhuancho no podrá dictar una orden de detención preliminar para los tres días restantes, y que si el fiscal lo solicita, tendrá que decidirlo otro magistrado.
Un par de horas antes de que se celebrase la audiencia en el centro de Lima, miles de personas realizaron una protesta para rechazar la actitud del Congreso que encubre a los magistrados supuestamente involucrados en la red de corrupción en el sistema de justicia y demandar la salida del fiscal general también salpicado por este caso.
La indignación creció cuando los manifestantes se enteraron de que el destituido juez supremo César Hinostroza, uno de los principales involucrados en esta trama de corrupción, había huido del país hacía diez días, a pesar de que sobre él recaía una orden de arraigo.
