Una compañía que fingió estar vinculada al gobierno de EU para realizar trámites migratorios, deberá compensar económicamente a los usuarios que engañó.
De acuerdo con un comunicado enviado por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), el organismo presentó una demanda contra Forms Direct, Inc., compañía conocida también como American Immigration Center, y su propietario Cesare Alessandrini, alegando que los demandados implicaron falsamente que sus sitios web estaban afiliados con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La compañía habría incurrido en el mencionado engaño desde 2010 para venderles servicios de preparación de formularios de inmigración a los consumidores, muchos de los cuales estaban tratando de acceder al sitio web del gobierno para renovar sus tarjetas verdes o para presentar una solicitud de naturalización.
PRÁCTICAS ENGAÑOSAS
Los términos del acuerdo resolutorio de la FTC les prohíben a los demandados continuar con sus prácticas comerciales engañosas y les obliga a pagar 2.2 millones de dólares para compensar a los consumidores que resultaron afectados.
En la demanda de la FTC se establece que los consumidores dieron con el esquema engañoso de los demandados cuando estaban usando plataformas de búsqueda como Google, Yahoo! o Bing para buscar sitios web del gobierno relacionados con asuntos de inmigración.
Los consumidores hicieron búsquedas en internet ingresando términos tales como “USCIS”, “INS” o “US Immigration”. En lugar de ir al sitio web del gobierno como esperaban, los consumidores terminaron en varios de los sitios web de los demandados.
Según la FTC, los consumidores creyeron que estaban en el sitio web del gobierno porque los demandados diseñaron sus sitios web para propiciar esa falsa impresión. Utilizaron imágenes relacionadas con el gobierno, diseños con colores patrióticos en rojo, blanco y azul, así como direcciones web o URLs de aspecto oficial.
ENTREGARON INFORMACIÓN PERSONAL
La FTC alega que los demandados no explicaron quiénes eran, que en realidad estaban vendiendo un “asistente de software” para completar formularios de inmigración del gobierno y que tampoco explicaron que los cargos que estaban cobrando no incluían ningún cargo de presentación aplicado por el gobierno.
En la demanda también se indica que muchos consumidores no se dieron cuenta de que estaban en un sitio web que no era del gobierno hasta que ya habían pagado los cargos de entre 120 y 300 dólares, además de haber entregado su información personal.
Tras el acuerdo resolutorio, los demandados deben revelar a los consumidores de manera clara que sus sitios web no están afiliados con el gobierno, que los consumidores deben presentar sus solicitudes de inmigración por separado ante el gobierno y pagarle a éste los cargos aplicables.
