“Él podría afrontar esa situación, claro que lo podría hacer. Pero lo que se está solicitando de parte del equipo legal es que exista el aseguramiento necesario de que después de esa condena no sea extraditado a Estados Unidos”, afirmó el jurista ecuatoriano, Carlos Poveda, en una entrevista a la televisión local.
El defensor de Assange enfatizó que el periodista australiano podría ser condenado por la justicia de Reino Unido “de tres a seis meses”, pero que “es condición sumamente importante” que no será entregado a Washington.
Assange tiene una cuenta pendiente con la justicia británica ya que hace seis años, cuando ingresó a refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres, violó un arresto domiciliario que cumplía frente al caso de presuntos delitos sexuales en Suecia, país que pedía su extradición.
TEME POR SU SEGURIDAD
Aunque las causas suecas no prosperaron, Assange aún teme que si sale de la embajada sea llevado a EU y sancionado hasta con pena capital por haber revelado documentación secreta sobre las guerras en Irak y Afganistán.
El procurador general ecuatoriano, Íñigo Salvador, informó el jueves que Quito había conseguido “garantías” por parte de Londres de que el creador de WikiLeaks “no sería” entregado a ningún país en caso de salir de la legación.
Según el funcionario, Quito planteó dos alternativas para solucionar el caso Assange. La primera es que el australiano se entregue a la justicia británica con las garantías conseguidas por Ecuador.
Londres informó que la sanción por incumplir los controles de libertad condicional “no rebasaría los seis meses” y “que no sería deportado o extraditado a ningún otro país”.
LA OTRA OPCIÓN
Es que permanezca en la embajada bajo un protocolo especial con reglas sobre visitas, comunicaciones y condiciones de salubridad, cuyo incumplimiento derivará en la “terminación del asilo”.
“Puesto que el asilo se ha prolongado ya seis años y nada muestra que pueda solucionarse inmediatamente, vamos a atenernos a unas reglas”, señaló el funcionario ecuatoriano.
Poveda indicó que dicho protocolo fue impuesto de manera unilateral el 12 de octubre y que “violentan algunos derechos de carácter fundamental” de Assange.
En este sentido, la justicia ecuatoriana deberá resolver una demanda constitucional presentada por el fundador de WikiLeaks contra el canciller ecuatoriano, José Valencia, para lograr el restablecimiento de sus telecomunicaciones e impedir la aplicación de este protocolo.
