El pasado 1 de noviembre, el Congreso de Ciudad de México (CDMX) reformó diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas para obligar al Poder Judicial local a publicar todas sus sentencias.
En 2015, hubo un retroceso en este sentido a nivel nacional. El Congreso aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y le quitó a los jueces la obligación de difundir sus sentencias. La nueva ley marcaba que ahora la sociedad tendría acceso a conocer sólo aquellas que fueran de interés público.
ANTES DE 2015
Existía una Ley de Transparencia para los órganos federales. Los locales se regían por las leyes estatales en esa materia. En México, de acuerdo a una investigación realizada por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres en 2015, ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumplía con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo. Pero había algunos más transparentes que otros.
Eso acabó después de 2015. Para homologarse con la Ley General de Transparencia, diez legislaciones estatales redujeron el estándar en cuanto a la obligación de publicar sentencias: las de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
VUELTA A LA TORTILLA
El 1 de noviembre pasado, la asamblea legislativa de la CDMX le dio un vuelco a eso. En la Gaceta Oficial se publicó la reforma al artículo 126 párrafo XV para asentar la obligación de poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de todas las sentencias. Se eliminó la restricción sobre que sean solo las de interés público.
Para lograrlo, la asamblea tuvo que buscar darle la vuelta a la obligación de homologarse con la Ley General de Transparencia y apelar al principio pro persona, explica Luis Fernando Villanueva, oficial de Proyectos de Transparencia de la organización Equis Justicia para las Mujeres.
Existen muchas razones por las que las sentencias deben ser públicas, Villanueva señala algunas de las más importantes:
1.- Si las sentencias no se hacen públicas, no se conocerán las prácticas discriminatorias y llenas de estereotipos de algunos de los jueces, que afectan sobre todo a las mujeres. Si solo se conocen las que por alguna razón se vuelven mediáticas, no se pueden hacer actos de denuncias para que no se repliquen.
2.- No se puede tener un monitoreo de la labor de jueces y juezas si están en la opacidad sus sentencias. “Nosotros tenemos ubicado el caso de un juez que resolvió una sentencia de una forma muy discriminatoria, y ya no pudimos saber cómo resolvió otras. Pero sí sabemos que actualmente ocupa un cargo de magistrado en la CDMX”.
3.- Se ha invertido mucho dinero en implementar unidades de género y en capacitación judicial con perspectiva de género dentro de los tribunales locales y federales. “Si no tenemos sentencias, no podemos evaluar si esto está impactando en el actuar jurisdiccional”.
4.- No se puede evaluar la impartición de justicia ni la pertinencia de la carrera de jueces y juezas. “Necesitamos las sentencias publicadas para romper con las prácticas de nepotismo, amiguimos, los pactos para los puestos. Ya se ha documentado sobre familias judiciales. Hace falta transparencia para evaluar los procesos del escalafón judicial”.
5.- Si se conocen las sentencias se pueden documentar, difundir y replicar las buenas prácticas, por ejemplo en perspectiva de género. “Hay sentencias innovadoras y hay que conocerlas para socializarlas”.
Fuente: www.animalpolitico.com
