Mouris Salloum George*
Aunque en México ya se da por institucionalizada la economía criminal, en este periodo de transición presidencial algunos temen que los nostálgicos del pasado pretendan restaurar el modelo de economía mixta.
Ese tipo de especulaciones parte de aquellos aficionados a las dicotomías y suponen que la libre empresa debe permanecer en el castillo de la pureza, distante y fuera del alcance del ogro filantrópico: El Estado.
En el Estado neoliberal, ese supuesto es un mito genial. En los dos recientes sexenio es blasón de los tecnócratas haber consolidado el modelo participativo de las asociaciones público privadas.
Esa es una puntual reproducción de la vieja economía mixta, contra la que se pronunciaron en una época los que por sistema denunciaron al Estado interventor, hasta lograr su desmantelamiento.
Los que dicen generar 30 por ciento del PIB
Entre los que están velando armas contra el próximo gobierno, están los directivos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón y Gustavo de Hoyos, respectivamente.
Apartemos a la Coparmex: Ostenta la representación de 36 mil hombres de negocios; generan, dice el sindicato patronal, el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y dan empleo a cuatro millones 800 mil mexicanos. Buena rima.
Ahora bien: Los personeros de las cúpulas empresariales citados pretenden dictar la agenda económica al Presidente electo.
Exigen, entre otras cosas, velar por la estabilidad de las variables fundamentales de la macroeconomía, dar certeza jurídica a la inversión y, sobre todo, continuar la actual política fiscal, sin tocar los regímenes de excepción, exenciones, devoluciones, etcétera.
Aquí es donde entra aquello de que el buen juez, por su casa empieza. Los que dicen tener como misión la generación de prosperidad y repartirla entre todos los mexicanos, algo deben hacer para reparar conductas poco éticas de los de su gremio.
La red que opera 600 mil empresas fantasma
El agente fiscal -el Servicio de Administración Tributaria (SAT)-, ya tiene bastante tiempo poniendo en cartelera un tema que encaja en lo que juristas y sociólogos tipifican como economía criminal.
Consiste en lo siguiente: Se ha detectado una red de simulación fiscal de la que formarían parte unos trece mil socios y accionistas, parapetados en 600 mil empresas fantasma.
Esas firmas apócrifas habrían facturado (no se precisa si anualmente) unos 100 mil millones de pesos, sin incluir el costo de la evasión fiscal, uno de cuyos renglones sería el Impuesto sobre la Renta.
El truco, por lo visto bastante eficaz, radica en su operación circular: las transacciones (o tranzas) se hacen de ida y vuelta entre los mismos socios de esa red.
La norma establece que cada firma debiera ser responsable de la retención de impuestos y enterarlos al órgano fiscal, que actúa como brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los hombres de negocios quieren, como ahora, que no se creen nuevos impuestos ni se aumenten los vigentes. ¿Por qué no, en correspondencia, hacen labor de convencimiento para que todos cumplan?
Existe una Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Es cómplice de los tramposos o un agente auxiliar del Estado? La dejamos en Carabina de Ambrosio en mudanza a cuerno de chivo que dispara contra los causantes cumplidos. ¡No hay derecho!
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
