Elisabeth Hellenbroich*
El pasado 25 de noviembre, ocurrió un grave incidente entre Ucrania y Rusia en el Mar de Azov, al este de la península de Crimea, cuando tres naves de la Marina ucraniana provenientes del Mar Negro, forzaron su paso por el Estrecho de Kerch y fueron apresados por la Guardia Costera rusa.
Hay varias versiones circulando sobre el episodio.
De acuerdo con fuentes rusas, las naves ucranianas entraron de manera irregular en aguas territoriales rusas, violando los artículos 19 y 21 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Marítimos, y fueron interceptadas, inclusive con jets de combate SU-25. Según la prensa rusa, cuando las naves se aproximaron al Estrecho de Kerch, naves patrulleras rusas las persiguieron, exigiendo que abandonaran el área. Ante la negativa y de las “peligrosas maniobras” ejecutadas por los buques ucranianos, las naves rusas hicieron disparos de advertencia, detuvieron a los intrusos y los escoltaron hasta el puerto de Kerch, donde fueron detenidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso acusó a Ucrania de “provocación y agresión inequívocas”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmaba que los rusos actuaron en conformidad con el derecho internacional, para impedir una incursión extranjera por infractores, quienes no respondieron a ningún pedido de retirada del área.
En general, aunque el paso del estrecho sea franqueado, las embarcaciones de todas las nacionalidades, en términos del tratado ruso-ucraniano de 2003; recientemente, después de la reincorporación de Crimea, Rusia alertó a Ucrania contra cualquier intento de alteración de la situación del Mar de Azov para “aguas interiores” compartidas por los dos países (un área de 39 mil kilómetros cuadrados). Para Moscú, semejantes esfuerzos serían considerados una violación de las leyes internacionales, pidiendo a Kiev abstenerse de tomar cualquier medida para establecer unilateralmente una línea fronteriza en el Mar de Azov, no reconocida por Rusia.
Las tensiones se han venido acumulando en la región desde hace algún tiempo. En el pasado verano, Ucrania detuvo dos buques rusos con rumbo a Crimea, considerado por Kiev como territorio ucraniano. En tal ocasión, la aprehensión de pesquero Nord fue descrita por el lado ruso “terrorismo marítimo y, desde entonces, Rusia intensificó el patrullaje marítimo a lo largo de Mar de Azov, maniobras calificadas de ilegales por Kiev. A mediados de agosto, el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) alertó de una escalada de las tensiones entre los dos países y sobre la “remilitarización” del Mar de Azov. Del lado ucraniano, surgió la acusación de que Rusia pretendía utilizar el área para imponer bloqueos económicos a Ucrania, ya que los puertos de Mariupol y Berdjansk son importantes puntos de embarque para las exportaciones ucranianas de granos y productos siderúrgicos.
La temperatura aumenta
La confrontación desató ondas de choque por todo el mundo, incluyendo una convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde de manera previsible, la todavía representante estadounidense, Nikki Haley, condenó las acciones rusas. Acusaciones igualmente fuertes fueron hechas por el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, y por el comisario de la Unión Europea Donald Tusk, en tanto China y Alemania intentaban contener la situación, pidiendo calma y una distensión de las acciones.
Tanto “Occidente” como Ucrania intentan sacar jugo del episodio, utilizándolo como pretexto para imponer nuevas sanciones contra Rusia (por ejemplo, contra el proyecto de gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, al cual el presidente Donald Trump se opone categóricamente), o como lo ha hecho ya el presidente Petro Poroskenko al decretar la ley marcial en el país, vigente lo que resta del año y pudiendo ser prorrogada.
El decreto de la ley marcial podría afectar directamente la campaña presidencial para las elecciones de 2019, en la cuales, según las encuestas de opinión, la popularidad de Poroshenko se ubica en casi un dígito, en función de la inmensa corrupción en las instituciones estatales el país y de su incapacidad de solucionar la grave crisis económica que lo afecta. Con la ley marcial (y una más que oportuna “confrontación externa”) él podría articularse para permanecer más tiempo en el poder. De misma forma, el Parlamento no podría ser elegido, mientras la ley marcial estuviera en vigor y Kiev puede imponer un toque de queda a sus ciudadanos. También Poroshenko señaló una movilización parcial de las fuerzas armadas.
Evidentemente, la comunidad internacional debe reaccionar al incidente y hacerse todos los esfuerzos para regular el paso en el Mar de Azov en consonancia con el Derecho Marítimo Internacional. Una plataforma para la discusión podría ser una reunión en el formato de Normandía, con Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, los cuales se reunirán en Berlín el 27 de noviembre, para mediar y encontrar una solución diplomático-política para el embrollo. Otra posibilidad es la utilización del Tribunal Marítimo Internacional, para esclarecer la situación en el terreno. El hecho es que, definitivamente, está claro que el mundo no puede permitir una nueva y peligrosa escalada militar entre Ucrania y Rusia, un juego con fuego con capacidad de incendiar al planeta.
*MSIA Informa
