Mouris Salloum George*
Desde hace años, con puntual reiteración, en nuestras ediciones hemos venido denunciando que una de las principales características del Estado neoliberal en México, es la implantación de la economía criminal, que tiene su caldo de cultivo en los delitos de cuello blanco.
Apoyados en estudios jurídicos y sociológicos, cuyos resultados han sido publicados aquí por el Instituto Nacional de Investigaciones Penales (PGR), hemos advertido que, ante acciones punitivas, los usufructuarios de la economía criminal reaccionan con estrategias de desestabilización del Estado nacional.
Desde otra vertiente recordamos que, al menos desde la campaña presidencial de 1988, uno de beligerantes de la oposición propuso un paquete de operaciones basadas en tácticas de desobediencia civil,retomadas de manuales diseñados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos para derrocar algunos regímenes centroamericanos.
El boicot económico, una de las recetas más socorridas
Entre esas tácticas, con diversas modalidades, aparece reiterativamente la incitación al boicot económico a actividades de producción, comercialización y abasto de productos y artículos destinados a servicios y consumos de primera necesidad.
En algunas regiones rurales del país, esas prácticas se han dado ocasionalmente por productores agropecuarios en legítimo reclamo por la indiscriminada invasión de productos subsidiados importados que afectan los precios al productor, sin que éstos repercutan en beneficio del consumidor final.
Entre las semanas finales de 2018 y los primeros días de 2019, el mercado nacional de combustibles se ha visto desquiciado deliberadamente por los titulares de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía en el marco de la Reforma energética.
Esas franquicias se explicaron peregrinamente como finalidad de abrir a la competencia los precios al consumidor de esos insumos, que estaban bajo control de Petróleos Mexicanos. La concesión ha beneficiado principalmente a corporativos extranjeros, productores de derivados en sus países de origen.
El robo de gasolinas rinde más de 50 millones de pesos al año
El grado de dependencia del suministro de gasolinas al mercado interno se ha acentuado en los últimos tres años, sin que los precios hayan generado alguna ventaja a los usuarios; todo lo contrario. Con una consecuencia adicional: El disparo del indicador de inflación.
Paralelamente, en esos tres años sentó sus reales en varios estados de la República el robo de gasolinas y otros carburantes vía ordeñas de los oleoductos de Pemex, coloquialmente conocido como huachicolero.
En esa violenta, intensiva y exhaustiva práctica criminal, se han visto implicados administradores y técnicos de Pemex, dirigentes de algunas secciones sindicales, presidentes municipales y los propios permisionarios de gasolineras.
Según estimaciones conservadoras, los rendimientos de ese robo rebasan ya los 50 mil millones de pesos al año.
No obstante, el gobierno saliente no actuó para contener esa galopante actividad que, en cierta manera, atenta contra la Seguridad Nacional y configura un delito de lesa economía popular.
Medida extrema: La intervención de las Fuerzas Armadas
A mediados de diciembre pasado, el nuevo gobierno acometió una operación punitiva que confió a las Fuerzas Armadas mexicanas. En una primera evaluación se calculó que el huachicolero se contrajo en un 17 por ciento.
Fue el periodo en que, en los días navideños y los primeros de año nuevo, en entre seis y nueve estados de la República empezaron a registrarse signos de desabasto, compras de pánico e incremento de los precios al consumidor.
A pesar de que Pemex dio por reactivado el funcionamiento del oleoducto Salamanca-León, Guanajuato, que atiende principalmente el mercado en entidades del Bajío, y dio a conocer reservas para normalizar el suministro, el fenómeno especulativo no ha cesado.
Frentes de resistencia rigurosamente orquestados
Sin hacer concesiones a la teoría de la conspiración, parece obvio que el cuadro encaja en las tácticas del boicot, en cuyo caso los fines de los perpetradores serían provocar la desestabilización del nuevo gobierno, atacado sistemáticamente desde otros frentes de resistencia, que aparecen rigurosamente orquestados.
No será fácil, pues, desarraigar la economía criminal que opera como una hidra a la que se le mutila una cabeza, y reproduce diez más, lo que conduciría a la declaración de un estado de emergencia nacional, una salida indeseable, sin embargo inevitable, cuando los llamados a la reconciliación son respondidos con bien concertadas tácticas de provocación. Que 2019 nos espera.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
