El organismo perteneciente al gobierno federal encargado de llevar productos de la canasta básica a comunidades rurales y marginadas, Diconsa, se encuentra en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto se debe a que, en su más actual reporte —relativo a la Cuenta Pública de 2017—, el órgano fiscalizador alerta que pudo detectar posibles desvíos por 325.2 millones de pesos. El año en cuestión fue el penúltimo del gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Señala la Auditoría que Diconsa incurrió en un esquema parecido al detectado en otros años para desviar recursos públicos, que ocurre cuando una institución de gobierno rubrica un convenio con una universidad pública y esta, a su vez, subcontrata a compañías para que den cumplimiento del servicio contemplado, sin que se compruebe si esto se lleva a cabo o no.
Tal mecanismo es el documentado en la investigación periodística “La estafa maestra”, que rastreó cómo las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) establecieron convenios con universidades que contrataron a compañías fantasma, lo que causó en desvíos millonarios.
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