Mouris Salloum George*
Dos instancias federales de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la Auditoría Superior de la Federación (Cámara de Diputados) y la Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP), respectivamente, han puesto a caballo la cruzada contra la corrupción y la impunidad; dos pestes que corroen el organismo nacional.
El Poder Judicial de la Federación sólo actúa a petición-consignación de parte, lo que no implica que no haga su tarea en aquel espacio donde debe observarse el código de ética.
Dado el obligado sigilo en el ejercicio de sus facultades, no se sabe hasta dónde llegarán la Secretaría de la Función Pública y la nueva Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero. Tiene mucha tela de donde cortar.
En espera de 280 mil declaraciones patrimoniales
La titular de la primera dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, abrió ayer el registro en espera de 280 mil declaraciones patrimoniales de mandos de la nueva administración. ¿Y los expedientes del 1 de diciembre de 2018 para atrás?
En los estados, sólo con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares (Veracruz) y Javier Corral Jurado (Chihuahua), se vio acción local contra las administraciones salientes. Los demás gobernadores se hacen como que la virgen les habla de cara al tiradero que dejaron sus antecesores. En estricto rigor, algunos les han dado amnistía.
Una relativa ventaja de los gobiernos divididos, es que, a razonable distancia de los gobernadores de un partido, los diputados de otros partidos pueden hacer uso de su autonomía.
Afilan el hacha sobre la nuca de Fernando Baz Ferreira
Es el caso del Congreso del Estado de México, donde gobierna el priista Alfredo del Mazo Maza.
La Junta de Coordinación Política de la legislatura mexiquense, afila el hacha sobre la nuca del auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización, Fernando Baz Ferreira por sus desaseadas conclusiones en la revisión de la Cuenta Pública de 2017.
En dicho órgano de fiscalización cobran 300 auditores y cuatro más con el rango de especiales.
Entre todos, practicaron unas mil auditorías a la gestión del gasto público del año revisado. Hicieron algunos hallazgos de irregularidades, observaciones a granel, pero ninguna ejecución de sanciones resarcitorias.
Para ilustrar la alegre omisión de tantos auditores, la Comisión de Vigilancia del Congreso no ubicó más de tres mil millones de pesos en la gestión presupuestal de los alcaldes; seis mil millones de pesos de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado y Municipios, y 10 mil millones de pesos correspondientes al Instituto de Salud. Suma: 19 mil millones de pesos. Más lo que se acumule en la semana.
Lo del ISSEMYM es cosa delicada: Conforma y confirma una tendencia discrecional desde el gobierno de Arturo Montiel Rojas, pasada por Enrique Peña Nieto y coronada por Eruviel Ávila Villegas.
Respecto del Estado de México, el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo tiene otras cosas que deben de seguirse contando.
Eso de la corrupción provoca vómitos. Por salud mental, nos tomamos un respiro y ¡hasta no verte, Jesús mío!
