Mouris Salloum George*
En enero pasado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de su independencia y de manera discrecional, decidieron recortarse sus ingresos por remuneraciones públicas en 25 por ciento: Poco más de 67 mil pesos por cabeza.
Para entonces, el Poder Judicial de la Federación empezaba a recibir un alud de solicitudes de amparo contra la Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos: Sumaron dos mil 772 recursos en demanda de protección de la justicia federal.
Al ojo de agua protector arrimaron su jícara, miembros del propio poder judicial; gobernadores, comisionados y consejeros de los órganos autónomos del Estado.
Tampoco Lorenzo Córdova quiere ganar menos que el Presidente
Los medios destacaron que, el 12 de marzo pasado, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello recorrió la misma ruta hacia el juzgado primero en materia administrativa del primer circuito, impugnando la Ley de remuneraciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 y el manual de remuneraciones.
Córdova Vianello, hasta 2018 ganaba 50 mil pesos mensuales más que el Presidente de la República, quien se fijó 108 mil pesos mensuales. El consejero presidente no acepta ganar menos que el jefe del Ejecutivo federal.
Dos artículos de la Ley fuera de la norma
Por haberse actuado de manera discrecional respecto de la Constitución, el pleno de la Corte deliberó y votó la semana pasada que los artículos sexto y séptimo de la Ley de remuneraciones son inconstitucionales.
En los alegatos por los que votaron ocho ministros se afirma que el ordenamiento objetado -o al menos los artículos citados- carece de bases, procedimiento y metodología; cuestiones que nos parecen más de forma, que de fondo.
Como sea, el fallo del pleno fue enviado al Congreso de la Unión para los efectos correspondientes.
En eso de los “efectos correspondientes”, tenemos algunas constancias de que tales efectos no han sido materia tomada en cuenta por los legisladores federales cuando otras reformas constitucionales y leyes secundarias, que afectan intereses creados, han sido tratadas, observadas y recomendada su enmienda por la instancia jurisdiccional.
Pero en eso de ganar más que el Presidente de la República, lo que hemos visto en los seis meses recientes es que, cuando duele más el cuero que la camisa, los precedentes no cuentan. Suele ocurrir. Veremos qué pasa los próximos 90 días.
