El chavismo se dio a la tarea de poner el pasado viernes en claro que no dejará ningún espacio del Estado venezolano para la oposición, aunque esta se lo haya ganado por los votos. Y lo hizo en voz del presidente Nicolás Maduro, quien afirmó en una intervención en el Estado de Lara (centro occidente del país) que aquellos gobernadores de provincia recién electos que se nieguen a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del oficialismo, no podrán asumir sus puestos y serán objeto de una medida de inhabilitación para ejercer puestos de elección popular.
“O respetan las reglas del juego, o las respetan. La ANC es el suprapoder del país y todos estamos obligados por la Constitución a respetar sus poderes”, indicó.
Además, afirmó también Maduro, en un plazo no mayor de 30 días desde el momento que se declaren sus respectivas vacantes, se convocarán nuevas elecciones para seleccionar a los sustitutos de esos gobernadores destituidos.
“De alguna manera tienen que aprender”, señaló el mandatario venezolano, inflexible, al dirigirse al público que llenaba el estadio de la ciudad de Barquisimeto donde tomaba posesión de la Gobernación de Lara Carmen Meléndez, exalmiranta de la Armada y varias veces ministra en los Gabinetes de Hugo Chávez y del propio Maduro. “Solo reconocen los resultados en donde ganan. Eso es una muestra de insensatez, de mezquindad”, remató el mandatario, en alusión a los partidos que componen la alianza opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD).
Maduro se dio a la tarea de lanzar el ultimátum a pesar de que no hay ninguna ley en la normativa venezolana que disponga que una autoridad electa deba jurar ante la Constituyente. El pasado 18 de agosto, solo 12 días después de su instalación, la Constituyente, integrada únicamente por diputados chavistas, se dio a la tarea de reservarse la mayoría de las competencias políticas y financieras del parlamento, de mayoría opositora. No obstante, la Constitución vigente -de cuya sucesora la ANC todavía no discute ni su primer artículo, tras dos meses de sesiones- establece que los gobernadores deben asumir sus cargos ante los Consejos Legislativos Estadales.
El jueves, la Constituyente chavista se dio a la tarea de emitir un decreto por el que ordena a los Consejos Legislativos de los 23 Estados del país impedir la juramentación de los nuevos gobernadores que, aunque proclamados por la autoridad electoral, no hayan acudido ante la ANC a “ponerse a derecho”, como reclaman distintos voceros oficialistas.
Los únicos mandatarios estatales electos en los comicios del domingo pasado que no han cumplido con ese trámite sobrevenido y a quienes, por lo tanto, podría afectar la medida punitiva anunciada por Maduro, son aquellos que participaron en el certamen electoral como candidatos de la oposición y conquistaron la victoria en cinco Estados.
Esos cinco gobernadores electores -de los Estados de Zulia, Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta- enfrentan ahora un dilema existencial: si no se presentan ante la Constituyente chavista perderán con toda probabilidad sus cargos, pero si lo hacen estarán contradiciendo en la práctica una consigna central de la MUD y el resto de la oposición, es decir, la denuncia del carácter sectario e ilegítimo de la ANC.
Reunidos este jueves en Caracas, los cinco gobernadores de la oposición anunciaron su decisión de actuar durante la actual coyuntura “como un bloque”. Según explicó el vocero del grupo, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Estado de Zulia, ante el dilema de si atender el llamado de la Constituyente, optaron por iniciar un proceso de “consulta popular” en cada una de sus regiones: “Vamos a iniciar un proceso de consulta con todos los sectores de la sociedad en función de lo que ha significado una pretensión de violar la Constitución”.
“Lo que dice claramente la Constitución es que este es un país federal y descentralizado y que, en ejercicio de la autonomía de los estados, a quien le corresponde juramentar es a los consejos legislativos”, siguió.
Guanipa además tomó la decisión de denunciar el virtual saqueo que estarían padeciendo las dependencias de las gobernaciones en los cinco estados por parte de las administraciones salientes, y la apresurada “reversión de competencias” de instituciones regionales hacia el Gobierno central en Caracas.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior difundió el pasado viernes una resolución por la que interviene, durante un plazo de 180 días, los cuerpos de policía de los cinco estados donde los candidatos de oposición ganaron las gobernaciones. Foto: NotiTotal
