El Defensor del Paciente envió un escrito a la Fiscal Superior de València, España, María Teresa Gisbert, en el que le pide que investigue de oficio “los errores de bulto” que se hubieran podido producir en el caso de un bebé prematuro en el Hospital General de Castellón a quien, según el escrito, se le amputó una pierna hasta la rodilla y se le dio un fármaco caducado un mes.
En la misiva, Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, pide “encarecidamente” una investigación para “depurar las responsabilidades penales a que hubiera lugar en este penoso caso con el resultado de un bebé con una pierna amputada y más de un 80% de discapacidad”.
Fundamenta su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal”.
¿Qué opinas?
