La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, está analizando una iniciativa que reforma los artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, con el fin de sancionar de cinco a ocho años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión.
Según la iniciativa, se establece que este ilícito se comete lo comete quien por medio de amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, “obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona”.
Al respecto, Ricardo Taja, diputado del PRI, sostuvo que este ilícito ocupa el segundo lugar entre los primeros 10 con mayor incidencia, pues tan sólo en el 2016 se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos.
Asimismo dijo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que anualmente hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ilícito tiene una ocurrencia de ocho mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.
La ENVIPE también señala que el 95.6 por ciento de las extorsiones se realizó por vía telefónica, lo que vincula, dijo, a la delincuencia organizada en muchos de los casos a los centros penitenciarios.
Ante el incremento en dicha conducta delictiva, Taja Ramírez, consideró necesario reformar los ordenamientos que se encargan de tipificar el ilícito, adecuándolo a las actuales circunstancias.
El legislador dijo que de ser aprobada su propuesta, se logrará inhibir la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pues se impulsa que la autoridad judicial cuente con mayores elementos de juicio al momento de establecer la sanción.
