Se debe castigar a las personas que hayan hecho algo al margen de la ley pero no desprestigiar a las universidades, sostuvo Jaime Valls Esponda, secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
“Lo que hay que ver es un tema de controles y supervisión y actuar conforme a la ley”, apuntó.
Explicó que las instituciones de educación superior gestionan recursos adicionales, mediante un convenio donde hay participación de un subsidio federal, estatal y recursos propios de las universidades, que adquiere con el préstamo de servicio.
EMPRESAS FACHADA
Las instituciones que fueron señaladas, tras el caso de La Estafa Maestra, tienen la posibilidad de solventar las observaciones y la Auditoría Superior de la Federación hacer las denuncias correspondientes en caso de lograrse comprobar en qué se gastaron los recursos.
La Estafa Maestra se trató de una red que su forma de operar era a través de la asignación de contratos de forma directa a universidades para realizar estudios u otorgar servicios, que a su vez eran subcontratados a las 128 empresas fachada, indica El Heraldo de México.
