Gobierno de Nicaragua se dio a la tarea de autorizar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar una visita de trabajo para observar la situación de los derechos humanos en el país, que se encuentra sumido en una crisis y que se ha cobrado hasta hoy la vida de más de 50 personas.
El Gobierno autorizó este ingreso de la CIDH -una de las principales condiciones de la Iglesia para avalar una mesa de diálogo- a través de una carta remitida este domingo por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, al secretario ejecutivo de esa comisión, Paulo Abrao, y divulgada hoy.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó hoy en Twitter la carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en la que acepta la petición de la CIDH de hacer la visita al país para entrevistarse con miembros del Gobierno y la sociedad civil.
En la misiva, Moncada, un general retirado, dijo que facilitarán y brindarán la asistencia necesaria a la CIDH durante su estadía en Nicaragua.
La CIDH, un ente autónomo de la OEA, mandó cartas a Nicaragua el 26 de abril y el 10 de mayo pasado en la que expresó su interés, en particular de la nueva relatora para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola, de realizar una visita de trabajo con el objeto de observar la situación de derechos humanos en el país.
Una de las principales condiciones solicitadas por la Iglesia, era “permitir en el menor tiempo posible el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar y aclarar las muertes, y las desapariciones de nicaragüenses”, además de otros requerimientos como el cese de la represión o la supresión de los cuerpos paramilitares.
Este fin de semana, los enfrentamientos entre agentes antimotines y turbas sandinistas contra los manifestantes se multiplicaron por todo el país, siendo especialmente violentos en el departamento de Masaya, a poco más de 25 kilómetros al sureste de la capital.
Nicaragua cumple hoy 27 días de una crisis que ha dejado al menos 54 muertos, causada por multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega, que iniciaron con protestas en contra de unas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.
