El día de ayer, en la columna redactada para el periódico El Universal por parte del periodista Carlos Loret de Mola, se puede leer que en los días en que la atención pública ha estado concentrada en el primer debate presidencial y lo que ocurrió anoche en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, el gobierno federal y la cúpula de empresarios del país confeccionaron una camisa de fuerza para el próximo presidente de México que le vuelve altamente costoso revertir cualquiera de las llamadas reformas estructurales.
En pocas palabras, se dieron a la tarea de blindar las reformas. El gobierno federal y la cúpula empresarial se dieron a la tarea de incluir los puntos centrales de las reformas en tres tratados comerciales internacionales que en estos días han estado amarrándose:
En primer lugar, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) está ya en el Senado para su ratificación. Implica la alianza comercial con diez naciones de Asia y América, y la puerta está abierta para que se sume Estados Unidos.
Posterior a eso, el fin de semana que recién concluye, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, fueron de Washington a Europa, a propósito de la gira del presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció un “Acuerdo en Principio” .
Y en tercer lugar, la daga que clava es que Videgaray y Guajardo se encontraban en Washington y, tras una breve escala europea, regresarán a la capital estadounidense, a donde prácticamente se han mudado los negociadores mexicanos porque está ya en la recta final el estira y afloja del TLC con Estados Unidos y Canadá.
Según el periodista, diversas fuentes apuntan a que la decisión sobre el “Acuerdo en Principio” sucedería antes del 4 de mayo, y quizá incluso esta misma semana. Dichas fuentes señalan que el presidente Peña Nieto ya delegó el poder de concluir la renegociación en el canciller Luis Videgaray, y el presidente Donald Trump hizo lo propio en su asesor y yerno Jared Kushner. Ellos tendrían la última palabra, por encima de los jefes de las delegaciones: el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial Robert Lighthizer.
Con estos tres Tratados, el gobierno y los empresarios blindaron los contratos de la reforma energética para que no puedan ser echados abajo por una decisión presidencial. Tendría casi que salirse el país de los Tratados para hacerlo, con el subsecuente costo económico y político.
