El magnate mexicano Carlos Slim tuvo una dura derrota judicial en la Argentina, donde su marca de telefonía celular Claro concentra un tercio del mercado.
Slim había intentado eludir el pago de 1.700 millones de pesos al sindicato de los trabajadores telefónicos (Foetra) por un conflicto de encuadramiento sindical y de transferencia de aportes.
CASO LLEGA A CORTE SUPREMA
El caso llegó hasta la Corte Suprema y el dueño de Telcel sumó los servicios de un destacado operador judicial, amigo del presidente del máximo tribunal argentino, Ricardo Lorenzetti.
Además de los buenos oficios del ex senador Ernesto Sanz, que suelen representar a grandes empresas cuando hay necesidad de aceitar sus vínculos con el gobierno de Macri.
Sanz es una suerte de ministro sin cartera del gobierno de Macri. Fue clave para encolumnar al partido radical detrás de su candidatura y se lo llegó a mencionar hasta como jefe de Gabinete de la actual administración.
AMENAZAN CON FRENAR INVERSIONES
Se asegura que Macri se molestó porque se enteró que en la Corte Suprema habían interpretado los pedidos de sus amigos cercanos a favor de Slim, como un pedido de la Presidencia.
Esta delicada situación que ponía al gobierno de Macri haciendo lobby ante la Corte Suprema para favorecer a una empresa, concluyó mal: el máximo tribunal argentino se curó en salud, rechazó los planteos de Slim y confirmó la sentencia de la justicia laboral que lo obliga a pagar 1.700 millones a los trabajadores.
SE NIEGA A NORMALIZAR ENCUADRAMIENTO SINDICAL
Los ejecutivos de Slim que en la Argentina conduce Julio Porrás jugaron fuerte y advirtieron a los ministro de Macri que no invertirán en 2018 los 500 millones de dólares que preveían, si el fallo se mantiene en pie.
La empresa de Slim es la única de las telefónicas que operan en la Argentina que se resiste a normalizar el encuadramiento sindical de sus trabajadores. Telecom, Telefónica y Nextel ya lo hicieron.
