Por falta de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de las 196 víctimas de diversas nacionalidades que fueron localizadas en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de 57 personas más en 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Gobierno de Tamaulipas ofrecer una disculpa pública.
La recomendación la dirigió al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por actos y omisiones del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJ-Tamaulipas), y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL
La CNDH encontró responsabilidad de ambas autoridades por “las irregularidades en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del Fuero Común que estuvieron a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos”.
También solicitó que “a los familiares de esas 196 víctimas directas se les reconozca el carácter de víctimas al interior de la AP1 y se les garantice participar activamente en las investigaciones, para lo cual se deberá resguardar su integridad”.
Llamó a la FGR a:
“Tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y demás víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas en 2011.
“Se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, que sea efectiva en sus países de origen cuando la persona sea de nacionalidad extranjera; y llevar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 55 personas que continúan desaparecidas“.
Al gobernador de Tamaulipas se le recomienda, entre otras cosas:
“Implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado, mediante políticas públicas bien definidas.
“Capacitar a los agentes del Ministerio Público en derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares durante la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación
“Y a los peritos de la Procuraduría estatal, sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, así como medicina forense”.
