Geraldo Luís Lino en MSIA Informa
Sorprendentemente, rodeado de fastuosidad diplomática, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció, el aumento de 8 millones de hectáreas de área protegida en la cuenca del Amazonas, para salvaguardar los sistemas ecológicos locales de la desforestación agrícola, una superficie casi del tamaño de Portugal, a sumarse a los 30 millones de hectáreas de las actuales.
En la ceremonia realizada en la ciudad de Leticia, frontera con Brasil, el pasado 10 de abril, al lado del mandatario colombiano se encontraba la primer ministro de Noruega, Erna Solberg, quien se encontraba de visita oficial en el país. En la pauta, la primera de un jefe de Estado del gobierno noruego a Colombia, constaba reforzar el apoyo al Acuerdo de Paz con la narcoguerrilla, FARC actualmente en crisis.
Noruega fue algo más que uno de los países garantes de tal acuerdo, de hecho se convirtió en su principal promotor y, para ello, intervino firmemente para otorgarle al presidente colombiano el Premio Nobel de la Paz. Ahora busca su recompensa, que espera recibir en forma de indulgencias ambientales, aprovechando que Santos se empeña en pasar a la Historia como el presidente que hizo la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o, por lo menos, con parte de ellas y como el gran protector de la cuenca del Amazonas, con el denominado Corredor Andes-Amazonas-Atlántico (AAA o Triple A).
También estuvo presente el Ministro de Clima y Ambiente noruego, Ola Elvestuen, quien entusiasmado con relación al tamaño del área, afirmó: “Esto no tiene precedentes y no sucedió en ningún otro lugar, al menos que yo sepa” (RT, 13/04/2018).
La mandataria, además comunicó la existencia de una línea de crédito de 250 millones de dólares para el plan colombiano de desforestación cero, cantidad a ser utilizada de ahora a 2025 en un esquema de pago por resultados. El arreglo es semejante al adoptado con el Fondo Amazonia brasileño, impuesto por Solberg al presidente Michael Temer durante la visita de este último a Oslo en junio del año pasado.
Para Noruega y sus demás socios dueños del aparato ambientalista-indigenista, las inversiones “a fondo perdido” en la conservación de los bosques se compensan con el modelo de créditos de carbono de la Unión Europea, los que, en la práctica, funcionan como “licencias para contaminar. Noruega tiene un interés especial en esto, pues busca convertirse en “neutra en carbono” en 2030, a pesar de tener una industria petrolífera como su principal fuente de ingresos.
Con su “generosidad” ambiental el país puede seguir disfrutando las ganancias de la venta de hidrocarburos, con lo que “compensa” las emisiones actuales de su quema con la conservación de los bosques en los países ávidos de recursos a fondo perdido para su política ambiental, como Colombia, Brasil y tantos otros.
Soberanía limitada tolerada
Poco antes de la visita de Solberg, Colombia, tomó dos medidas para reforzar el plan ambientalista-indigenista, ambas alineadas con los compromisos internacionales asumidos por el gobierno de Santos.
Una de ellas fue la increíble decisión de la Corte Suprema de Justicia de considerar la cuenca amazónica colombiana como una entidad de derecho propio. La medida obliga a todas las instancias federativas a proceder con la debida urgencia para presentar en un plazo no mayor de cuatro meses un plan de acción para el combate de la desforestación y de los cambios climáticos.
La decisión fue tomada en respuesta a una acción presentada nominalmente por 25 niños y jóvenes colombianos asesorados por la ONG Dejusticia, cuya tarjeta de presentación dice ser un centro de estudios jurídicos y sociales dedicado al “fortalecimiento del Estado de derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur global” (El Espectador, 05/04/2018).
En un artículo publicado en el sitio de internet de la ONG el 13 de abril, uno de sus dirigentes, César Rodríguez Garavito, señaló algunas de las posibles consecuencias de la decisión:
“Reconocer que la Amazonia tiene derechos (por ejemplo, a la sobrevivencia y a la integridad) quiere decir que todos los ciudadanos podemos exigir su protección, incluso ante los tribunales, sin importar si somos habitantes de la región. Y más: no es necesario mostrar que la desforestación afecta los derechos de los seres humanos, porque, en sí mismo, viola los derechos de una entidad (la Amazonia) que los detenta.
“Otra de las novedades más alentadoras del caso es el apoyo entusiasta y firme que recibió de millares de jóvenes de todo el país, a quienes invitaremos ahora a construir el Pacto Intergeneracional por la Amazona ordenado por la Corte Suprema, en colaboración con otras comunidades y actores. Ellos y ellas son los que sufrieron los peores impactos de los cambios climáticos”.
La traducción es evidente: con la medida, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos colombiano o inclusive extranjeros podrán indiciar judicialmente el gobierno por cuenta de actos y empresas que, de acuerdo al parecer del aparato ambientalista-indigenista, ponga en peligro los derechos existenciales de la cuenca amazónica colombiana, un área de 483 mil kilómetros cuadrados, lo que equivale al 42 por ciento del territorio nacional.
Otra medida fue el reconocimiento de los derechos de 36 comunidades indígenas al gobierno de los territorios que ocupan, que suman 26 millones de hectáreas en la región amazónica. Sí, por un lado, tal decisión no sea intrínsecamente negativa, en la perspectiva de que los gobiernos de esos territorios se incorporen gradualmente a la estructura administrativa del Estado colombiano, por el otro, el aparato ambientalista-indigenista podrá tener legitimidad jurídica en sus actividades con las comunidades indígenas, imbuidas de una ideología autonomista y retrograda.
La Fundación Gaia en el pedigrí de la nobleza británica
Tal y como se esperaba, el director fundador de la Fundación Gaia Amazonas (FGA), el antropólogo Martin von Hildebrand, respaldó la medida por ser “lo más importante que haya acontecido para los indígenas amazónicos en los últimos 30 años” (Gaia Amazonas, 13/04/2018).
Hildebrand es el cerebro del denominado Corredor Triple A abrazado por el mismo gobierno de Santos, quien lo anunció al mundo en febrero de 2015. El entonces ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, en la ocasión lo describió así:
“Ese puede ser uno de los legados más importantes del gobierno del presidente Santos y es uno de sus sueños: construir lo que él denomina un Corredor Triple A por lo Andes, la Amazonia y el Atlántico que unirá en un solo corredor, desde el punto de vista bioambiental-ecosistémico, 135 millones de hectáreas. Sería el mayor corredor ambiental del mundo. Requeriría el aporte de tres países: Colombia, con 34 por ciento (del área); Venezuela, con 4 por ciento¸ y Brasil, que tiene uno de los mayores ecosistemas del mundo, con 62 por ciento” (El Tiempo, 16/02/2015).
Desde entonces la ambición y alcance del proyecto engordó, pues anteriormente se restringía a Colombia, Venezuela y Brasil, y ahora la versión más moderna del Corredor, incorpora a territorios amazónicos de Ecuador, Perú, Guyana, Suriname y de la Guyana Francesa.
“Una extensión aproximada de 265 millones de hectáreas, de los cuales 80 por ciento (180 millones de hectáreas) forman un continuo de conservación de diversidad biológica y salvaguarda de la diversidad compuesto por un total de 222 Zonas Naturales Protegidas de uso directo e indirecto y 2003 territorios indígenas, que conectan la cuenca del Amazonas con los ecosistemas de los Andes y el océano atlántico (FGA, Boletín de noticias, Corredor Andes Amazonas Atlántico”).
Hildebrand y la FGA son los típicos operativos del aparato ambientalista-indigenista creado por el eje oligárquico angloamericano. Ciudadano estadounidense naturalizado colombiano, fue director de Asuntos indígenas del gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) y desempeñó un papel de gran relevancia durante las negociaciones de la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización del Trabajo (OIT), en las que representó a Colombia.
A partir de 1990, se convirtió en militante de tiempo completo del aparato indigenista internacional con la creación de la FGA. La fundación es un brazo de Gaia Foundation, vinculada estrechamente a la Casa de Windsor, la familia real británica. Por su espectro y alcance, el Corredor es uno de los proyectos más ambiciosos del aparato ambientalista-indigenista, principalmente, por contar con el respaldo institucional del Estado colombiano.
De acuerdo con la FGA, el apoyo financiero específico para el programa viene de las siguientes fuentes: Reinforest Concern (Reino Unido), Treshold Foundation (EEUU); Peter Fy Foundation (EEUU); Nelson Family Foundation (EEUU); Tallberg Prize (Suecia); Nature and Culture International (EEUU); y Alejandro Santo Domingo, un financista multimillonario colombiano.
La FGA coordina el programa en los demás países con una red de ONG a las que se llama “puntos focales”: Instituto Socioambientalista-ISA e Instituto de Investigación y Formación Indígena-Iepé (Brasil); Ecociencia (Ecuador); Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Perú); Fundación Wataniba (Venezuela); Guyana Society for Biodiversity and Envirnment-GSBE (Guyana); Troponbos Suriname (Surinam); y Parc Amazonien de Guyanne (Guyana francesa).
Hildebrand también ha buscado hacerse del interés de organizaciones religiosas. En febrero de 2017 presentó el proyecto a la Pontificia Academia de Ciencia y a la Red Eclesial Pan-amazónica (RePam). Fue uno de los participantes de la Iniciativa Interconfesional para los Bosques Tropicales, agrupación ambientalista-indigenista creada por el gobierno noruego. La presencia del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) entre otros participantes indica que se trata de una iniciativa del “Estado mayor” del ambientalismo-indigenismo internacional.
Oposición en Brasil
A pesar del endoso del gobierno colombiano el esquema de Hildebrand depende fundamentalmente de la participación de Brasil.
En una entrevista concedida al sitio de internet O Eco, el mismo admite: “El corredor biológico que estamos proponiendo existirá sólo si Brasil entra en la iniciativa. Sin Brasil, sería muy difícil que se lograra” (O Eco, 23/10/2017).
Según él, un tercio de la cuenca del Amazonas brasileña está ocupada por tierras indígenas y un cuarto reúne zonas protegidas: “¿Por qué no sumar todas las zonas y conectarlas en un gran eje hasta el Atlántico?” Brasil, afirmó, nunca pensó en un corredor hasta los Andes, porque “nunca miró más allá de sus fronteras.”
Empero, la reacción inicial en Brasil fue fría, sobre todo en las Fuerzas Armadas. En julio, en una audiencia pública realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado para analizar el control de fronteras y el combate al tráfico de drogas y de armas en la región, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas-Bôas, destacó la necesidad de poner una mayor atención a las actividades de las ONG internacionales que operan en el país y destacó la amenaza representada por el proyecto del Corredor Triple A.
Y alertó: “Ese déficit de soberanía, todo ese proceso es como combatir fantasmas, porque la gente no sabe de dónde vienen, que son, que hacen y quizá cuáles son sus objetivos, pero el resultado general se puede verificar” (Agencia Senado, 16/07/2015).
Villa-Bôas observó que los militares estaban aprensivos respecto a situaciones que limitan la autoridad del país en relación a cuestiones estratégicas para el desarrollo de la región. Según él, la posible creación del corredor haría inviable la explotación de recursos naturales valuados en más de 23 billones de dólares, como reservas de minerales raros y biodiversidad.
Además criticó las propuestas de mantener los recursos amazónicos “congelados” para siempre, y dijo que es posible conciliar la preservación ambiental con el uso racional de las riquezas de la región. Villas-Bôas criticó también el modelo actual de demarcación de tierras indígenas, con gran concentración en la cuenca del Amazonas, inclusive en zonas con fuerte concentración de riquezas minerales: “No estoy contra las unidades de conservación en tierras indígenas (…) pero tenemos que hacer compatibles ese objetivo con la explotación de los recursos naturales.”
Brasil, mientras tanto, luego de la negativa oficial, está ahora más receptivo. En octubre de 2017, Colombia fue la sede del Foro de Ministros y de la Consulta Regional para la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el gobierno anfitrión incluyó el Corredor Triple A en el programa de conversaciones. Brasil estuvo representado por el jefe de la asesoría de Asuntos Internacionales del Ministerio del Ambiente (MMA), Fernando Coimbra, quien dijo a la prensa: “Esta reunión permitió a los países de la cuenca amazónica analizar sus diferentes perspectivas sobre la conectividad de ecosistemas”. (O Eco, 23/10/2017).
