La cadena Grupo Posadas edifica un nuevo complejo hotelero en las inmediaciones de Chemuyil, Quintana Roo, en una de las zonas más importantes a nivel nacional para la anidación de cuatro especies de tortuga marina.
Con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cadena hotelera realiza obras que modifican las condiciones naturales de la costa y sus áreas de influencia, como el área natural protegida y santuario de la tortuga marina Xcacel Xcacelito, ubicado a unos 200 metros, frente a la oposición abierta de ambientalistas.
En agosto de 2019 la Semarnat, bajo la titularidad de Víctor Toledo Manzur, autorizó la construcción de obras complementarias al proyecto hotelero de Grupo Posadas, que implican la colocación de arrecifes artificiales, un muelle y la construcción de una caleta y una playa artificial, pese a la negativa de organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, expresada durante el proceso de consulta pública.
Gisela Maldonado Saldaña, del Grupo Tortuguero del Caribe, apunta que la modificación de las costas impacta directamente a las tres especies de tortugas que anidan en ese tramo, de las especies conocidas como Verde, Caguama y Carey, todas consideradas en peligro de extinción y protegidas por la Norma Oficial Mexicana Semarnat-2010.
La especialista explica que entre las afectaciones más visibles se encuentra la modificación a la forma natural de las playas aledañas, como las del Santuario Xcacel Xcacel; la modificación de las corrientes marinas con estructuras de concreto como arrecifes artificiales; la liberación de sedimentos, así como la perturbación de las tortugas.
Roberto Herrera, presidente del Comité Estatal de Protección a la Tortuga Marina, apunta que Chemuyil es parte del refugio de especies marinas que corre desde Akumal y zona núcleo de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano.
Durante el proceso de consulta pública del proyecto para obtener la autorización en materia de impacto ambiental, algunas organizaciones de la sociedad civil previeron afectaciones por las obras ya autorizadas.
La organización Defenders of wildlife apuntó que al crear una playa uniforme, se podría destruir las condiciones abióticas y bióticas que requieren las tortugas y por ende disminuir las anidaciones en vez de aumentarlas, pues para especies como la tortuga Caguama es importante la pendiente de las playas.
Flora, Fauna y Cultura A.C indicó que se provocarán perturbaciones en el comportamiento anidatorio de las tortugas marinas, mientras que Comité Estatal de Tortugas Marinas en Quintana Roo aseveró que la construcción de una duna artificial ocasionará alteraciones en el comportamiento de los quelonios, perturbando el porcentaje de eclosiones de las nidadas y la sobrevivencia de las crías.
Obras incumplen Programa de Ordenamiento local
Las obras autorizadas por la Semarnat a la empresa Grupo Posadas, a través del “Fideicomiso Chemuyil” con Banco Actiniver como fiduciario, además violan las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) Cancún-Tulum, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Quintana Roo el 16 de noviembre de 2001.
De acuerdo con el POET, el proyecto en cuestión se encuentra en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) número 7 y la M1. En el criterio MAE 5 de esta Unidad se establece la prohibición de la la extracción de arena de playas, dunas y lagunas costeras.
Sin embargo, en las imágenes pueden observarse toneladas de arena acumulada, misma que será redistribuida para la colocación de una playa artificial, a fin de ampliar las amenidades del complejo hotelero.
El criterio MAE 8 indica que la construcción deberá realizarse después del cordón de duna costera, a una distancia no menor de la Zona Federal Marítimo Terrestre, los 20 metros lineales continuos a la línea de costa. No obstante, es posible observar cómo se construyó sobre la duna costera.
Asimismo, el criterio 1 de la UGA M1 establece que está prohibida la instalación de infraestructura, situación que no fue tomada en cuenta por la Semarnat a la hora de aprobar el proyecto.
Efraín Álvarez, consultor ambiental, explicó que este instrumento jurídico existe desde 2001 y es el que incluía las normativas de desarrollo para el corredor turístico de Cancún y la Riviera Maya, para los sitios fuera de la mancha urbana.
Sin embargo, los municipios de Benito Juárez y Solidaridad desarrollaron sus propios Programas de Ordenamiento Ecológico Local (Poel), por lo que este documento ya no tiene validez en dichas demarcaciones. Sin embargo, en Tulum, al no haber un instrumento jurídico que lo reemplace, hoy en día sigue aplicado.
Autoridades ambientales han sido omisas: activistas
Ante esta situación, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas han interpuesto un total de 60 denuncias por daño al ecosistema ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), pero afirman que todas han sido ignoradas.
Aracely Domínguez, representante del Grupo Ecologista del Mayab, apuntó que no han tenido respuesta de la supervisión que debiera realizar la Profepa luego de una denuncia ambiental.
Las denuncias fueron acompañadas de 489 mil 167 firmas electrónicas obtenidas a través de la plataforma Change.org.
Gisela Maldonado, del Grupo Tortuguero, señaló a la Semarnat como principal responsable del daño ambiental en la bahía de Chemuyil, pues alega que fue omisa al escuchar los argumentos técnicos proporcionados por expertos.
La bióloga reprochó que la administración de Andrés Manuel López Obrador, con Víctor Toledo Manzur al frente de la Semarnat, haya sido la que otorgó los permisos negados en sexenios anteriores ante la insistencia de la comunidad ambientalista.
“Me parece que en México vamos en contraflujo a la protección ambiental y me refiero a las autoridades ambientales, desgraciadamente tenemos un secretario de Medio Ambiente que contaría con las credenciales para estar al frente de una institución que resguarde el patrimonio ambiental, pero lo único que tenemos por parte de ese secretario es una serie de discursos demagógicos donde le da la razón a todo este reclamo popular pero a la hora de la decisión les aprueba un proyecto”, aseveró Maldonado Saldaña.
Violan la cuarentena
El pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad del gobierno federal emitió una declaratoria de emergencia sanitaria, a través de la cual ordena que se detengan las actividades económicas consideradas no “esenciales”, como es el caso de la industria de la construcción.
No obstante, la constructora solicitó a los más de 800 empleados de la obra continuar asistiendo a sus labores, según informaron empleados, quienes solicitaron reservar su identidad.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo (Sedetus) emitió el 5 de abril un oficio en el que se ordena detener todas las obras de construcción en la entidad.
Aunque el Ayuntamiento de Tulum ha realizado varias visitas de inspección, e incluso lo ha hecho la Fiscalía General del Estado, las obras no han sido clausuradas.
Ante la mirada de los ambientalistas y las autoridades municipales, se redujo el personal de trabajo a aproximadamente 250 personas, unos 30 por cada área, a los cuales se les obligó a acampar en los edificios en obra negra para evitar aglomeraciones visibles durante la entrada y salida de personal, informó uno de los trabajadores a Aristegui Noticias.
La autorización de impacto ambiental emitida por Semarnat tiene una vigencia de seis trimestres a partir de su fecha de publicación en la gaceta ecológica, por lo que la empresa tiene únicamente hasta principios de 2021 para terminar los trabajos.
Al 27 de abril, a tres días de concluir la Declaratoria, la maquinaria y los volquetes se encontraban operando en la Bahía de Chemuyil.
