No se dará a conocer ninguna versión pública de la carpeta de investigación abierta contra Emilio Lozoya Austin por cohecho y enriquecimiento ilícito, ni respecto a diligencias, declaraciones patrimoniales o interrogatorios a servidores públicos sobre el caso Odebrecht, como sugirió el Ejecutivo de la Nación.
Ello, luego que un juez concedió la suspensión definitiva a un amparo promovido por el Ministerio Público de la Federación, lo que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la información correspondiente.
A partir del 8 de octubre de 2018, el Ministerio Público Federal recibió 11 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, en 10 casos se reservó la información por versar sobre datos de la investigación, protegidos en razón del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en una solicitud se proporcionó la información solicitada por tratarse de datos estadísticos, se precisa en un boletín de la FGR.
SECRECÍA EN DECLARACIONES DE 19 SERVIDORES PÚBLICAS
Agrega que en los otros dos casos pendientes, (recursos de revisión RRA 6942/2018 y RRA 6994/2018), que fueron notificadas por el INAI al Ministerio Público Federal, ambos se encuentran ante la autoridad Jurisdiccional de Amparo noveno y décimo segundo en materia Administrativa para su resolución definitiva.
La secrecía también aplica para el contenido de las declaraciones de “19 servidores públicos de Pemex que participaron en la suscripción de los contratos relacionados con la empresa Odebrecht, así como el desarrollo de las obras derivadas de los mismos”.
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un exhorto al Fiscal Alejandro Gertz para que abra todo lo relacionado al caso de presuntos pagos de sobornos a servidores públicos por parte de la empresa Odebrecht, con el fin de verse favorecida con contratos de obra.
