La orden de arresto del dirigente indígena Aymara, Walter Aduviri quiso generar un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional en el que solicitan un “alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”.
La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.
La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto.
De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.
Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo manifest el propio Walter Aduviri.
El manifiesto público se da a la tarea de denunciar también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Aduviri, y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Las organizaciones firmantes remembraron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales.
