México ha participado, firmado y ratificado tres convenciones internacionales de combate contra la corrupción dentro y fuera de sus fronteras: la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA 1997), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE 1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU 2004).
Estas poseen como principal fin definir e identificar actos de corrupción e impulsar a las naciones participantes a adecuar su legislación interna a los estándares internacionales. Además, tienen la intención de impulsar la cooperación entre países en casos de corrupción internacional con el fin de terminar con las trabas legales que entorpecen investigaciones internacionales.
Los compromisos más importantes aceptados por México dentro de las tres convenciones son la instauración de medidas preventivas de combate a la corrupción por medio de mecanismos de capacitación, control interno y participación de la sociedad civil; la aplicación de códigos de ética para funcionarios públicos y; la tipificación de actos de corrupción de servidores públicos como delitos así como medidas de prevención y sanción del soborno internacional.
Si bien dichas convenciones están sirviendo a México como guía y al mismo tiempo como una presión para mejorar el combate contra la corrupción, el respeto a la “soberanía” de las naciones participantes ha causado que los compromisos adquiridos sean laxos y ambiguos. Por regla general, los mandatos de las convenciones permiten al país signatario aplicar la resolución de conformidad con sus leyes y procedimientos por lo que la efectividad de las resoluciones queda normalmente mermada. En consecuencia, la participación en convenciones internacionales no afirma un mejor desempeño nacional.
