A ocho días de haber entrado en vigor la Norma Emergente de Verificación Vehicular la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que la mayoría de los verificentros de la Megalópolis no están en condiciones de operar bajo el nuevo esquema.
Cuestión cuya responsabilidad atribuyó a la “indiferencia” de los gobiernos locales; mientras que autoridades de la Ciudad de México han afirmado que existe “falta de conocimiento” por parte de la Profepa.
El titular de la dependencia, Guillermo Haro, aseguró que las 103 clausuras impuestas a líneas de verificación vehicular durante la primera semana de la norma se deben a que los centros de verificación no acreditaron la calibración del sistema de pesas de los dinamómetros.
CLAUSURAS, DEBIDAMENTE ACREDITADAS
Calificó como inexactas las declaraciones de autoridades locales de que por la simple falta de un documento se están llevando a cabo las clausuras: “Es un tema grave y las clausuras están debidamente fundadas y acreditadas”.
El miércoles, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, Tanya Müller, aseguró que las clausuras que se realizaron no son “un problema de la Ciudad de México; me parece que es una falta de conocimiento por parte de los inspectores de la Profepa.
Sin embargo, Guillermo Haro expresó que lo que faltó para poder enfrentar esta nueva norma fue un trabajo previo de los dueños de las concesiones.
Aseguró que el cierre por el supuesto mantenimiento de algunos centros de verificación es una decisión personal de los titulares” de los verificentros.
MULTA, SEGÚN CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR
Por su parte, Arturo Rodríguez, sub procurador de inspección industrial de la Profepa, indicó que sin importar los avances de cada entidad, la nueva norma de verificación vehicular no se negocia, por lo que no se tomarán consideraciones ni distinciones en las revisiones.
Mencionó que la sanción económica para los verificentros clausurados se determinará hasta que se concluya si hay agravantes. Además, se evaluará la capacidad económica del infractor para imponer la multa.
